Enviado especial a Buenos Aires – El diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV – Entre Ríos), acompañado por otros siete diputados nacionales, presentó un proyecto de Resolución en el que dispone “rechazar el Decreto N°702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre Asignaciones Familiares” por considerarlo “absolutamente inconstitucional y arbitrario”.
El legislador consideró que el decreto constituye “una vulneración» y «regresión de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos”, apuntó. Ante esto, solicita “suspender la ejecución del mismo a los efectos de que no se consagren decisiones ilegítimas que comprometen los recursos y la subsistencia de las familias trabajadoras”.
“En un momento donde las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional impactan enormemente sobre la población de menores recursos, el Ejecutivo refuerza su mirada centralista y anti federal, poniendo en igualdad de condiciones a todos los beneficiarios de asignaciones familiares, dejando de lado las diferentes realidades del país donde el costo de vida es más alto y las temperaturas son implacables”, cuestionó Solanas.
En diálogo con Conclusión, el diputado de Entre Ríos, sostuvo que con “este Decreto, el Estado ha incumplido con una obligación de naturaleza “negativa” -principio de no regresividad- que consiste en una prohibición de adoptar normas jurídicas cuya aplicación afecte el nivel de protección ya adquirido por sus ciudadanos, y sobre todo por quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son sus niñas, niños y adolescentes”, afirmó.
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Además, criticó que “esta medida se suma a un largo derrotero de medidas en perjuicio de los sectores más vulnerables: los discapacitados, los jubilados y ahora la zonificación de las asignaciones familiares, que en algunos casos llega a una reducción del 50 por ciento del beneficio”.
Solanas, señaló que según datos de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la “ANSES, al cancelar la zonificación del beneficio, recortaría recursos por un total de 9.500 millones de pesos sólo durante el transcurso de este año”. “De esta manera se prevé que el impacto será soportado especialmente por trabajadores de economías familiares o jornaleros que son empleados temporales en esas zonas desfavorables, donde el recorte por asignación alcanzará al 50 por ciento del monto actual del beneficio».
Y añadió: «Se ha establecido que a la población que afecta la medida, en las cuatro zonas afectadas (sólo por la eliminación de los extra) equivale a unos 450.000 casos”.
De allí que en el proyecto presentado este miércoles, Solanas pidió “rechazar en todos sus términos el Decreto N°702/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre Asignaciones Familiares, el cual es manifiestamente inconstitucional y arbitrario, en razón de disponer modificaciones que importan una flagrante vulneración y regresión de las políticas públicas en materia de protección de los derechos humanos de acuerdo al artículo 75, incisos 19, 22 y 23 de la C.N.; 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
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El parlamentario, dijo que es por el perjuicio que ocasiona la medida solicitó “al Poder Ejecutivo Nacional, en virtud del vicio grave y manifiesto del Decreto 702/2018, se sirva suspender la ejecución del mismo, a los efectos de que no se consagren decisiones ilegítimas que comprometen los recursos y la subsistencia de las familias trabajadoras”.
El congresista advirtió que con esta modificación, «el Decreto N°702 del gobierno nacional, elevó el mínimo y bajó el máximo para acceder al cobro de las asignaciones familiares. Además, unificó el valor de las asignaciones en todo el país, eliminando el beneficio para “zonas desfavorables” que cobraban «un adicional por zona inhóspita, el que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte».
Solanas recordó que el Decreto «fue firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña, quienes fundamentaron que no pueden tener ventajas los chicos de Patagonia o del NOE».
Finalmente, el legislador mespotámico, precisó que el monto general que se percibió «hasta ahora era de 1.578 pesos para los trabajadores en relación de dependencia con salarios más bajos y ascendía a entre 3.155 y 3.407 pesos para los registrados en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta, entre otras zonas», concluyó el diputado Julio Solanas.
