Diferentes organizaciones gremiales se declararon en alerta y movilización permanente y coincidieron en expresar que se “articularán acciones con todo el movimiento obrero por la defensa de los derechos adquiridos” y explicitaron su “no a la precarización laboral”.
En un documento, los trabajadores del sector señalaron que “no hay ninguna necesidad ni urgencia para imponer una reforma laboral profundamente regresiva como la que el DNU establece, pretendiendo barrer con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”.
El Partido Justicialista, el radicalismo, el GEN y el Frente de Izquierda rechazaron el DNU. La Coalición Cívica, por su parte, anunció que analizará detalladamente el documento para detectar violaciones a la Constitución Nacional.
El concejal rosarino Juan Monteverde anunció que presentará un proyecto para que Rosario “sea la primera ciudad de la Argentina en declarar ilegales las medidas y que vayan al Congreso para su tratamiento, según mandan la Constitución y las leyes”.
El líder del Polo Obrero afirmó que "la marcha del 20 de diciembre se va a hacer”, y convocó a quienes se sienten perjudicados por las medidas que anunció el gobierno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, pedirá que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional la reforma a la Constitución de la provincia de Jujuy impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
Mientras se espera que Diputados sancione una norma que determine su nueva cantidad de miembros, el organismo encargado de designar y remover a jueces y fiscales se reúne por primera vez desde que la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma de 2006.
La suspensión judicial supone un gran revés para Biden. La medida obligaba a decenas de millones de empleados a vacunarse contra la Covid-19 antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales desde entonces y preveía multas.
En un comunicado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional expresó que "no tiene valor por sí misma" la sentencia del juzgado laboral N°2 que se conoció ayer, por la acción declarativa de certeza presentada por la exsenadora nacional Liliana Negre de Alonso contra el Gobierno puntano.
El texto, que lleva las firmas de los presidentes de la UCR, el PRO y la CC, rechaza de plano la decisión del gobierno de Alberto Fernández. El borrador fue aprobado por Mauricio Macri.
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, afirmó que la iniciativa "tiene un montón de componentes que lo llevan a la declaración de su inconstitucionalidad".
El mandatario venezolano advirtió a la oposición que un acuerdo de estas características es "un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio".