Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – El Senado aprobó remitir a un plenario de comisiones el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos con el objetivo de alcanzar mayor consenso entre los distintos bloques y volver a discutir la norma en el recinto en una sesión a concretarse el 10 de abril próximo.

La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y había sido convocada luego de un cuarto intermedio  hace una semana debido a discrepancias entre los diferentes bloques sobre algunos de los artículos.

Por unanimidad, los senadores aprobaron una moción del peronismo para reunir a las 14, un plenario de las comisiones de Presupuesto, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales del Senado con la meta de dar dictamen a la propuesta que busca transparentar los aportes de fondos a los partidos, que se concretó pero sin suerte.

Los votos los pone el pueblo y los beneficios se los llevan las empresas

La senadora nacional de Río Negro, Magdalena Odarda, sostuvo que el financiamiento privado significa «un retroceso», y «estas empresas nacionales o internacionales que pongan dinero a los partidos políticos, tienen un fin de lucro».

«La pregunta es ¿cuál es el lucro de financiar la política -que reconocieron algunos senadores- cuál es el lucro para financiar la democracia?», preguntó la rionegrina.

«Van a querer llevar una tajada económica, como corresponde porque cada empresa tiene como finalidad el lucro», sostuvo.

La legisladora expuso que el poder político «no puede retroceder en su  independencia», y agregó «sobre todo porque las empresas son las que deben controlar», al tiempo que acotó con una pregunta «si un partido fue financiado por Barrick Gold, defenderá los intereses de los argentinos o el de la empresa ?».

«Las empresas ponen dinero por interés en las campañas políticas, no es por solidaridad, o voluntarismo. Lo hacen porque buscan beneficios económicos, como toda empresa», dijo. «Pero la democracia la deben financiar los argentinos», sostuvo vehementemente.

Respecto de cual es la modalidad que llevan adelante en materia de financiación de los partidos, Odarda recordó que por la causa Lava Jato en Brasil «se declaró inconstitucional el aporte empresario, porque trae aparejado hechos de corrupción».

Finalmente, el proyecto ley de financiamiento de los partidos tendrá una última oportunidad el 10 de abril. Es la fecha en que se resolvió  tratarlo en el recinto del Senado. Luego de que el debate volviera a la instancia de comisiones, Cambiemos y el PJ firmaron dictámenes por separado.

La diferencia que subyace entre Cambiemos y el interbloque peronista Argentina Federal se focalizó sobre los aportes de las asociaciones sindicales, patronales y profesionales a las campañas electorales. El oficialismo se mantiene firme es esa prohibición que quiere ser abolida por el bloque Justicialista.

«El alcance está muy avanzado, nuestra intención es sesionar el 10 de abril porque la Argentina necesita una ley de financiamiento, pero lo que no podemos es bajar al recinto con modificaciones, no nos pongamos de acuerdo y todo termine mal», declaró el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto, tras proponer la postergación.

Pichetto añadió que el debate de fondo que debe dar el Congreso es sobre si esos aportes «deben ser estatales únicamente o si tiene que haber participación privada».

«De lo que sí estamos convencidos -recalcó- es que no tiene que haber financiamiento ilegal ni de narcotráfico, así que el debate lo vamos a dar».