Las diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada presentaron un proyecto de ley que plantea que, cada un año, los funcionarios públicos deberán someterse a controles de antidopaje.
A través de un comunicado desde la Coalición Cívica sostuvieron que la iniciativa “se basa en la incompatibilidad manifiesta que existe entre la compra de estupefacientes para consumo».
Además, también se consignó en el documento que existe de parte de los funcionario la «obligación» de denunciarlo, según el Código Procesal Penal de la Nación».
El proyecto de ley una vez aprobado, alcanzaría “a los cargos jerárquicos” de los miembros del Estado Nacional, los gobiernos provinciales y municipales.
“La presentación hace hincapié en la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar ilícitos, por lo cual el consumo de estupefacientes se contrapondría a los deberes del mismo”, señalaron en otro párrafo del escrito.
Por su lado, Martínez Villada enfatizó: “Si yo como representante del pueblo de la Nación tengo la obligación de denunciar a quienes comercialicen drogas, ¿cómo voy a consumir?», y agregó: «Es sentido común, por eso planteamos la necesidad de realizar controles de dopaje, para asegurarnos que nuestros representantes no incurren en una violación de sus deberes”.
