El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró conforme con los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el retiro de todo el capítulo fiscal de la ya famosa Ley Ómnibus. “Saludamos esta medida que toma el Gobierno nacional”. 

“Es correcto. Yo lo había charlado hoy por la tarde con el ministro Francos y era una de las alternativas por que eso nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de nación y las provincias”, sostuvo el primer mandatario provincial desde Cosquín, donde la delegación Santafesina fue la protagonista de la séptima luna.

Horas antes de las conferencia de prensa de Luis Caputo, Maximiliano Pullaro y gobernadores de distintas provincias manifestaron, a través de distintos medios, la oposición a las medidas económicas que perjudicaban a sus distritos y rechazaron de plano las amenazas por parte del Presidente y funcionarios del gobierno nacional si la ley no llega a buen puerto. 

Sin embargo, el gobernador confirmó que mantuvo conversaciones con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la previa a los anuncios: “Saludamos esta medida que toma el gobierno nacional y nos comprometemos, como lo hice hoy a la tarde con el ministro Francos, a trabajar juntos para encontrar la salida para la República Argentina». 

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El mensaje de Pullaro a sus legisladores es claro, defender los intereses de Santa Fe: “Que este ajuste, que tiene que venir en la República Argentina, no lo paguen ni la producción ni los que menos tienen”, indicó al canal público de Santa Fe. 

Para finalizar el breve mensaje, el gobernador pidió trabajar en conjunto entre nación y provincia y sostuvo que “ponemos nuestros equipos a disposición y los equipos nacionales para encontrar los puntos intermedios y, de esa manera, que argentina pueda salir adelante como todos esperamos”. 

Con esta marcha atrás, ahora será el Congreso quien defina cuál será el futuro del pretencioso proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que contempla la delegación de facultades por un año, la privatización de 40 empresas públicas, el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional y la posibilidad de endeudarse sin control de los legisladores. Tras el anuncio, los rechazos no se hicieron esperar desde distintos puntos del arco político.