Por Aldo Battisacco
Frente a la ola de despidos masivos que se están registrando en en distintos municipios de Buenos Aires y reparticiones nacionales, gremialistas y legisladores manifestaron total desacuerdo con la metodología utilizada por los funcionarios que asumieron recientemente en los distintos estamentos del Estado.
Esto tuvo comienzó en los últimos días cuando la gestión de Mauricio Macri resolvió avanzar con la supresión de contratos de empleados estatales que según maniestaron no realizan funciones, a los que consideran «ñoquis», mientras se proponen revisar los nombramientos en el sector público que llevó adelante la administración de la ex presidenta Cristina Kirchner en los últimos meses de su gestión.
Pero los gremios denunciaron que muchos de los empleados cesanteados no son «ñoquis», advirtieron que el Gobierno comenzó a resolver despidos sin que hasta el momento se conozcan los resultados de las auditorías que prometió para dilucidar quienes no trabajan, razón suficiente según lo entienden los sindicatos para estar «en pie de guerra» contra el gobierno de la Alianza Cambiemos.
Mayoritariamente, el movimiento sindical se abroqueló para repudiar los dichos y decisiones de la Alianza Cambiemos acerca del trabajo estatal.
Para Pedro Wasiejko, secretario adjunto de CTA y líder del Sindicato del Neumático: «Hay una intencionalidad política de querer demonizar al empleado público», aseguró.
Asimismo, el gremialista, cargó contra las políticas de la Alianza Cambiemos acusándolos de tener segundas intenciones: «En general, detrás de esto, cuando la ideología de derecha es predominante, se esconde la intención de privatizar áreas».
Por su lado, Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, compartió esa advertencia: «Lo que están tratando de hacer es instalar una situación en la sociedad para poder justificar que lo que se viene es un desguace del Estado y despidos masivos».
La senadora del Frente para la Victoria Liliana Fellner calificó de “irresponsable y apresurada” la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de despedir empleados de la Cámara alta, a la vez que rechazó diferencias con el presidente de su bloque, Miguel Angel Pichetto.
Según datos elaborados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en la evolución del empleo estatal en Argentina, la planta de empleados de la administración pública nacional rondaba los 698.949 trabajadores en 1989, en 2002 luego de los gobiernos liberales protagonizados por Cárlos Ménem y Fernándo de la Rua, la cantidad de trabajadores disminuyó al 50%, es decir, 428.665 agentes transcurrido ese período, en tanto que en 2015 con un Estado más presente hay 656.786 empleados.
La correlación directa que existe entre el achicamiento del estado y la disminución del empleo público, se observa particularmente en lo referente a la cantidad de trabajadores en las empresas de servicios públicos.
En el sector de empresas públicas que prestan un servicio a la comunidad, en 1989 había 332 mil trabajadores. En 2002 luego del paso por el Estado del menemismo y la Alianza habían quedado solamente 27 mil trabajadores. En 2015, luego de la recuperación de empresas como Aerolíneas Argentinas, Aysa, YPF , Correo Argentino y otras tantas, la cifra de agentes ronda los 125 mil trabajadores. Es decir, un tercio del número registrado en 1989.
En tanto arrecian las críticas, sobre la calidad de la contratación y el empleo en el Estado durante el mandato de Cristina, otros actores, acusan a Mauricio Macri por su gestión al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de haber nombrado 9 mil nuevos agentes desde su asunción en 2007 hasta que dejo el cargo en 2015. El crecimiento se dio por el ingreso de docentes, médicos y policías.
En los países de de Europa que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de trabajadores estatales es del 15%, el porcentaje de trabajadores estatales que tiene Argentina es de un 17%, Inglatrerra 18%, Suecia 19%, Dinamarca 19% y EE.UU 17%.
En diálogo con Conclusión, el Diputado Nacional, Héctor Recalde, argumentó que los índices de empleados público «son racionales si se mide el descenso del desempleo en el campo privado, comparado con el 26% de desocupación que se registró en 2001».
Para el abogado laboralista, «esta medida, de desafectar empleados de distintas reparticiones públicas es funcional a los intereses de las grandes corporaciones como sucedió en la década del 90 y ahora», y agregó «esto no será gratuito».
«Cuando se deja a una persona en la calle se viola un derecho humano y repercute inevitablemente en su entorno familiar y la sociedad en general. Los trabajadores no soportan quedarse en su casa cuando pierden el empleo. la angustia se convierte en insoportable y se transmite a la familia y a la sociedad», advirtió el legislador.
Sobre los dichos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, el presidente de la comisión de legislación del Trabajo, señaló: «Escuchar a Prat Gay, decir que los trabajadores se deben cuidar de los haberes que piden porque pueden perder el empleo es una expresión extorsiva», afirmó.
El congresista, manifestó su preocupación y adelantó que «existe la obligación de pedir que se respeten los derechos humanos básicos, la Constitución Nacional, pero con estos gestos del oficialismo es difícil ayudar a la gobernabilidad de la que habla el Gobierno».
En el mismo sentido, advirtió que es «el propio gobierno el que tiene que ayudar gestionando y respetando los límites que le establece la Constitución Nacional. No hay razones de urgencia para burlarse y violar derechos que justifique ninguna necesidad, creíble resultaría un DNU para ayudar a las poblaciones del litoral por las inundaciones», concluyó Héctor Recalde.
