Tras el anuncio del Gobierno de impulsar un nuevo marco legal para regular los alquileres de inmuebles, el oficialismo de la Cámara de Diputados apuró el tratamiento de un proyecto de ley con media sanción del Senado que estuvo cajoneado casi dos años, e intentará firmar dictamen este martes en comisión y a partir de las 14 comenzará el tratamiento de la iniciativa con una serie de cambios.

El presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, adelantó que van a “avanzar con el proyecto para obtener dictamen este martes”, y explicó que el nuevo marco legal beneficiará a “más de 7 millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley”.

La iniciativa tomará como base el proyecto de la senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu que en noviembre del 2016 había sido aprobado con media sanción, pero la intención del oficialismo es incorporar algunas modificaciones al dictamen final para luego darle curso en el recinto.

El tramite no será fácil, ya que la Federación Nacional de Inquilinos, le pidió a la oposición que defienda la redacción de la norma tal como la recibieron de la Cámara alta.

En diálogo con este medio, Garcia Larraburu, recordó que pasaron “casi dos años de la media sanción obtenida el 23 de noviembre de 2016, sin que en la Cámara baja se trabaje en el tema. Sin embargo, cuando está por caerse el presidente quiere introducir otra norma” y agregó que “es urgente que la normativa, consensuada con los inquilinos de todo el país, sea sancionada tal y como fue aprobada en el Senado

Además, señaló que el texto en revisión “plantea una actualización acorde a parámetros reales, que se basan en un índice que promedia los niveles inflacionarios con las variaciones salariales. El sector propietario no recibirá ningún tipo de menoscabo a la renta real de sus inmuebles, donde el precio es establecido por la oferta y la demanda”.

La legisladora reafirmó que la norma propuesta “busca que tanto propietarios como inquilinos dejen de estar en una situación jurídicamente ambigua, tanto con los aumentos escalonados como con la utopía de la no actualización”, al tiempo que consideró que “aprobar esta ley antes de diciembre significa avanzar y poner sobre la mesa la realidad económica, que por sobre todas las cosas pretende asentar un entorno de legalidad y seguridad jurídica para propietarios e inquilinos”, finalizó.

Ambos proyectos conllevan mejoras para los inquilinos, ya que estiran a tres años el plazo mínimo de duración de los contratos de alquiler (actualmente son dos años), y fijan que el pago de las expensas extraordinarias queden a cargo del propietario.

La diferencia principal está ligada a la actualización del valor de locación, que en el proyecto del Senado estipula el ajuste de manera anual, mientras que Cambiemos propone que sea semestral. En los dos casos la idea es que la fórmula de actualización derive de un mix entre inflación y variación salarial, de manera tal de terminar con los abusos que afectan a los inquilinos.

La iniciativa del oficialismo contribuye con algunas precisiones que no estaban presentes en el proyecto del Senado, vinculadas a las comisiones y garantías. ya que  prevé que se puedan usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y establece que la comisión de la inmobiliaria la pague sólo el propietario.

En cuanto a las garantías, la reforma simplificaría el trámite porque contempla que aquellas no se acoten a títulos de propiedad sino que también puedan utilizarse certificados de ingresos, recibos de sueldo, y como se mencionó más arriba, garantías bancarias.

Por otra parte, el oficialismo pretende que se formalicen los contratos, es decir, que se “blanqueen” los alquileres para evitar evasión impositiva: se busca que los contratos sean registrados para que el inquilino pueda descargarlo en Ganancias.

En otro sentido, el texto del oficialismo permite que los inquilinos puedan rescindir en contrato en los últimos dos meses sin pagar penalidad, en caso de no optar por la renovación del alquiler.

Otro punto de negociación será el relacionado a los depósitos: en la media sanción, se reduce el depósito en garantía a un mes de alquiler (en la actualidad, las inmobiliarias piden hasta un mes por año de contrato).

Por otra parte, el proyecto del Senado obliga al propietario a devolver el depósito actualizado al valor del último mes de locación, y no el monto de el inquilino puso de entrada para acceder al alquiler.