Funcionarios del ministerio de Desarrollo Social y referentes de los movimientos sociales continuarán hoy las conversaciones iniciadas ayer, en las que el Gobierno ofreció un aumento del 25 por ciento en el salario social complementario y en programas como “Hacemos futuro”.

“El porcentaje del 25% de aumento va en línea con el que anunció (el presidente Mauricio) Macri el 1 de marzo en el Congreso respecto del salario mínimo vital y móvil”, precisó Gildo Onorato de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

Las reuniones continuarán hoy en el edificio del ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida 9 de Julio y Belgrano, con representantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Darío Santillán y, por la tarde, nuevamente con el Polo Obrero y Barrios de Pie Libres.

Según explicó Onorato, en las reuniones que mantuvieron ayer, los funcionarios de Desarrollo Social informaron que los 260.000 beneficiarios del salario social complementario y los 320.000 del programa “Hacemos Futuro” pasarán de recibir 6.000 pesos a 7.500 en el mes de junio.

El dirigente destacó que en la reunión de ayer “no se negoció” sino que el Gobierno les comunicó la decisión del aumento, que se otorgará en forma “escalonada” hasta alcanzar los 7.500 pesos.

No obstante, el encargado de Políticas Sociales del Movimiento Evita sostuvo que el eje vertebrador de los reclamos “sobre el que vamos a insistir es el tratamiento inmediato de la ley para que se declare la emergencia alimentaria en el país ya que tenemos un 50% de pibes debajo de la linea de pobreza”.

El proyecto de Emergencia Alimentaria actualmente está estancado en las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidida por la diputada Carmen Polledo del PRO, y Presupuesto y Hacienda, presidida por el santafesino Luciano Laspina, también del PRO. Ambos oficialistas frenan, de esta manera, el tratamiento de estas iniciativas en comisión, paso previo en el proceso necesario para que los proyectos lleguen al recinto y sean votados.

Mientras tanto, según el Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, la proporción de niños y adolescentes en hogares que experimentan inseguridad alimentaria (dificultad para acceder a los alimentos en cantidad y calidad por problemas económicos) pasó de 21,7% a 29,3%, un aumento de 7,6 puntos porcentuales en un año. En la actualidad, hay casi 3,5 millones de chicos con este problema, relata el informe publicado en diciembre del año pasado.

En tanto, desde el sector piquetero integrado por Barrios de Pie Libres y el Polo Obrero informaron que en la reunión de ayer el Gobierno les pidió una “prórroga de 24 horas para ofrecer una propuesta concreta” a la lista de demandas que presentaron.

“La postergación nos llena de preocupación. Imaginen la angustia de las familias afectadas por la política económica de un gobierno que, para complacer al FMI, ajusta reduciendo la cantidad de leche enviada a los comedores”, dijo en un comunicado Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie Libres.

La dirigente advirtió que “en caso de no obtener una propuesta concreta a los reclamos de apertura de los programas, envío de alimentos a los comedores y actualización de los montos, realizaremos mañana un acampe indefinido hasta obtener respuestas”.