Un plenario de comisiones del Senado emitió esta tarde dictamen sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el sistema de Inteligencia, así, permitirá que sea debatido por el plenario de la Cámara previsto para el miércoles de la semana próxima.
En una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en la que decidieron no participar los senadores de la oposición, el oficialismo aceptó e incorporó al texto del proyecto algunos cambios propuestos por el Cels y especialistas a la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Tras recibir por la mañana a representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el diputado provincial de Nuevo Encuentro y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (Psa) Marcelo Saín, la comisión decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar las propuestas manifestadas por los invitados.
Previamente, el presidente del bloque del Fpv, Miguel Pichetto, dijo que «este debate lamentablemente no se ha dado en un marco plural por la decisión de la oposición de no participar del mismo».
En su exposición ante los senadores, el presidente del Cels, Horacio Verbitsky, aseguró que «es necesario» reformular el sistema de inteligencia aunque lamentó la “urgencia” del Poder Ejecutivo en sancionar la iniciativa. También exhortó a la oposición a «rever» su decisión de «desertar» del debate para aportar modificaciones que enriquezcan el proyecto.
Por su parte, el diputado provincial de Nuevo Encuentro y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Marcelo Saín, respaldó el proyecto y consideró que “el control monopólico de las escuchas no va a estar más dentro de esta Secretaría (ex Side)”.
El proyecto
El texto original propone la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, transfiere las escuchas judiciales al Ministerio Público y dispone que las autoridades de la Agencia, director y subdirector general, sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
En el documento se indica, además, que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional».
Según el proyecto, las actividades de inteligencia interior quedarán limitadas a «la investigación de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático”.
En el segundo capítulo, aclara que la Agencia Federal de Inteligencia (Afi) tendrá como misión general la dirección y coordinación del sistema nacional de inteligencia y la producción de inteligencia “en defensa de la Nación ante amenazas internacionales de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos, económicos y financieros”.
Entre los fundamentos, el gobierno también hace hincapié en el hecho de que este proyecto “constituye un paso fundamental para la democracia dado que algunos sectores de los organismos de inteligencia se han considerado superiores o no alcanzados por la democracia”.
Además, en otro de los cambios introducidos, se precisa la descripción de la actividad de inteligencia y se deja explicitada la diferencia entre inteligencia militar o de defensa y la inteligencia de seguridad interior.
Asimismo, según el texto, la Afi deberá quedar constituida en un plazo de 90 días y se determina que toda relación entre la Afi y funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos sólo podrá ser ejercida por el Director o el Subdirector de la Afi.
