Trabajadores de Expreso Júpiter, que -frente a la quiebra de la empresa- se proponen recuperarla y ponerla en funcionamiento para preservar las fuentes laborales, se reunieron este miércoles con ediles integrantes de la comisión de Producción del Concejo Municipal para pedirles su apoyo en lo que ahora se encamina a ser la lucha por la ley de expropiación de la empresa.
La firma tiene una deuda impositiva superior a los 60 millones de pesos en la Administración Federal de Impuestos (Afip), organismo con el cual tiene además 120 procesos judiciales abiertos.
Ante este escenario el juez de la causa puso un interventor y dictó la disolución de sociedad, lo que obliga a los trabajadores a ir por la ley de expropiación que al considerar la quiebra les permitiría pedir la continuidad como cooperativa, según aducen.
“El único objetivo nuestro es mantener las fuentes laborales, somos entre Rosario y Buenos Aires, contratados indirecta y directamente, aproximadamente 70 familias. Desde 2009 que estamos solos manejando la empresa, con todo lo que eso implica, donde nos hacen retenciones por aportes jubilatorios y no aportan, no se nos paga la cuota sindical, más otro montón de problemas” dijo a Conclusión Gabriel, uno de los trabajadores del Expreso que asistió este miércoles al Concejo.
Hacia fines de 2018 los trabajadores tomaron control total operativo de la planta, algo que fue sucediendo de hecho desde 2009 cuando fallecieron los dos fundadores, Julio Francés y Juan Manuel Fuster.
“Necesitamos la quiebra para poder seguir trabajando como cooperativa, no queremos limosna ni que se nos regale nada, simplemente mantener la fuente laboral. Pareciera que se hace todo para que eso no pase”, agregaron.
Según precisaron desde el personal de la compañía, son dos familias las propietarias. Además, aseguraron que hoy por hoy la empresa tiene “una cartera de clientes enorme” por lo que “trabajo hay”.
“Si a ellos no les interesa bárbaro pero queremos mantener los empleos. En cuanto a lo que nosotros nos compete, el tema de trámites para funcionar como cooperativa, está todo hecho desde el año pasado”, detalló Gabriel.
Los dueños no se han comunicado con el personal hasta ahora, por lo cual sólo mantienen contacto con el interventor puesto por el juez y los abogados.
“Es muy poca la información que tenemos y nunca nos han dado una solución, no queremos ir contra nadie ni hacer nada malo, lo único que queremos es mantener el trabajo, necesitamos la quiebra”, afirmaron.
Además del encuentro con los concejales Eduardo Toniolli, Andrés Giménez y Pedro Salinas, recibieron el compromiso del diputado provincial Joaquín Blanco, para presentar un proyecto para la ley de expropiación y que puedan funcionar como cooperativa.
