Luego de desregular la economía y eliminar topes en las cuotas mensuales de la medicina prepaga, ahora el Gobierno nacional, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), investiga si existió un pacto ilícito entre estas firmas para fijar los aumentos.
Una fuente de la Secretaría de Comercio dejó trascender que “hay una investigación en curso”, horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, señalara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”.
Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.
Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024
Las entidades de medicina prepaga –enroladas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra– le pedirán una audiencia a Caputo a fin de “acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica –entre otras situaciones– el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”.
En el primer cuatrimestre del año, y luego de la publicación del DNU 70/2023, que desreguló la economía, las prepagas registraron aumentos del 154%, contra una inflación que, según el Ministerio de Economía, rondaría el 50%. En promedio, las cuotas subieron un 40% en enero, un 27% en febrero, 20% en marzo y cerca del 19% en abril.
En la práctica, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año: el 15 de enero, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes presentaron la denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación. Casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.
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Desde el sector que tiene a Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud) entre sus líderes explicaron que “en su momento, se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos”.
La Comisión de Defensa de la Competencia es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio. Su función es garantizar “la calidad de bienes y servicios, al menor precio posible”.
“En enero vimos que las empresas habían tenido algunas reuniones y cuando se confirmaron los aumentos los denunciamos por cartelización y pedimos que se haga un análisis”, dijo el diputado Reyes.
Además, advirtió que presuntamente habrían existido “reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios, que se habría acordado un incremento estimado en torno al 40%”.
Se trata de la primera investigación formal contra la salud prepaga por presunta colusión que surge en los despachos públicos. Hasta ahora, los reveses contra las empresas había surgido de la Justicia, cuando distintos jueces aceptaron medidas cautelares de los afiliados para retrotraer los precios a la situación anterior a los aumentos.
