La Cámara de Diputados de la Nación realiza, desde la semana pasada, plenarios de comisiones en donde diferentes funcionarios del Gobierno Nacional explican aspectos de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, popularmente conocida como “Ley Ómnibus”. En las diferentes reuniones, la legisladora de Unión por la Patria Julia Strada trazó una serie de cuestionamientos al proyecto que envió el presidente Javier Milei, con los cuales rechazó que se realicen recortes en las jubilaciones y que se privaticen empresas del estado.
En los plenarios que se realizaron hasta el momento, la diputada por la provincia de Buenos Aires hizo preguntas a los funcionarios de La Libertad Avanza y expuso diferentes datos que ponen en tensión a los objetivos propuestos en la ley de “Bases”, que el oficialismo planea llevar al recinto de la Cámara baja la semana próxima.
A continuación, un repaso de los principales puntos expuestos por la legisladora. Entre los ejes más trascendentes se encuentran la rentabilidad de las empresas estatales y las privadas, la situación de los jubilados y las retenciones al sector agropecuario.
Empresas estatales y un 2023 con buenos números
En el plenario del pasado martes 9 de enero, en el que estuvo presente el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, Strada planteó que el proyecto de ley que está en discusión “consolida la enajenación de 41 empresas del Estado”. Seguidamente, precisó números con los que algunas de estas compañías públicas cerraron el 2023: Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) registró ganancias por 9.000 millones de dólares; mientras que el Banco Nación presentó un saldo a favor de 700.000 millones de pesos.
Y agregó: “ARSAT da ganancia. Es la empresa de internet satelital con red federal de fibra óptica, unos 33.000 kilómetros construidos a lo largo del país. ¿Vamos, como diputados, a aprobar que se venda algo sin que se diga para qué ni cual es el criterio de eficiencia?”.
“¿Cuál es el análisis para privatizarlas? ¿Qué argumento respalda que se las venda? La comercialización de algo no es la única forma para hacerlo eficiente. En relación a la energía nuclear, ¿se contempla que las centrales, como Atucha I y II, pueden ser adquiridas por alguna empresa extranjera?”, inquirió la legisladora.
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Amparada por las declaraciones del mismo Barra, Strada reiteró que el funcionario no participó en la redacción de la “Ley de Bases”, pero le pidió que aún así responda sus preguntas porque, de lo contrario, se verá obligada a “pensar mal”. En este sentido, deslizó: “Me obligan a pensar que a YPF se la quiere quedar Paolo Rocca y que Elon Musk se quiere quedar con ARSAT”.
En el plenario del jueves 11 la legisladora volvió sobre este tema, pero en esta oportunidad se dirigió al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro: “¿No le sirve tener una empresa petrolera estatal con directores que respondan a ustedes para seguir llevando adelante obra pública y energética? ¿No le sirve tener un Banco Nación que financie obras y grandes proyectos? ¿No le sirve AySA haciendo cloacas, alcantarillado, agua potable? ¿No le sirven los trenes haciendo vía férrea? Como estoy segura de que le sirven esas herramientas, me veo obligada a buscar una explicación alternativa de por qué buscan la privatización”.
“Creo –prosiguió Strada– que hay un negocio e intereses detrás. Me resulta imposible que una persona de su expertise y con su cargo me diga que no le viene bien tener estas herramientas de política económica. La defensa de estas empresas debería ser tomada como bandera para una buena gestión”.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad: ¿sacarle a los jubilados para beneficiar a grandes empresas?
También en el primer plenario, la diputada se hizo eco de una nota publicada en el medio Infobae: “Hubo un rumor, avalado por la propia Ley Ómnibus, que dice que se quiere liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para dárselo a sus propios dueños. Esos son los activos de los jubilados, de todos los trabajadores pasivos”.
El FGS es un organismo gubernamental cuya finalidad es la administración de una gran parte de los fondos previsionales, es decir, las jubilaciones y asignaciones sociales. Se trata de un fondo de reserva administrado por la ANSES, cuyo patrimonio está compuesto por activos financieros como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El FGS se creó, inicialmente, con las acciones que tenían las AFJP. De esta forma, el Estado Nacional adquirió acciones en empresas como Clarín, Techint y TGS, entre otras. Según los rumores –que encontraron sostén en algunas declaraciones de funcionarios nacionales– ahora se buscará que los activos del FGS pasen al Tesoro, para que puedan ser vendidos a sus dueños originales.
En el plenario del 11 de enero la diputada retomó este tema y objetó: “Si suspenden la fórmula anterior porque anda mal, es para mejorar las jubilaciones por decreto. Pero al mismo tiempo (el ministro de Economía, Luis) Caputo publica un cuadro donde dice que las jubilaciones van a reportar un ajuste fiscal equivalente al 0,4% del PBI. O mejoran o arruinan las jubilaciones, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser”.
“Las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se usan para pagar jubilaciones, en todo caso es un fondo para créditos de ANSES. ¿Por qué venderlas? Consolidar deuda del Tesoro no debería incluir rematar estos activos. Las presiones de sus dueños para recuperarlas son muy grandes”, advirtió.
Retenciones: un golpe al valor agregado
En la reunión del pasado miércoles 10 de enero, que contó con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, Strada apuntó contra el alza de retenciones que propone la “Ley Ómnibus”, pero hizo especial hincapié en la desigualdad de este tributo.
Con la aprobación de esta ley el Gobierno Nacional tiene la esperanza de que haya un superávit primario de dos puntos. Para aumentar la recaudación, se planea subir los derechos de exportación al 15%, lo cual arrojaría un saldo a favor en las cuentas públicas de 0,5 puntos porcentuales.
Pero Strada advirtió que igualar el porcentaje de retenciones a todos los productos atenta contra el valor agregado: “En harina y en trigo se equipara el 15%. La tonelada de harina está a 390 dólares y se pagan 58 de retención, mientras que la tonelada de trigo está a 248 dólares y se pagan 47 dólares de retenciones, por ende, te conviene hacer trigo y no agregarle valor. Me parece grave que en un país que buscar ser industrial”.
Y prosiguió: “Las retenciones del sector automotriz aumentan 15% y se le agrega el impuesto PAIS. Tal vez no es el plan que se produzcan y exporten autos. Cabe destacar que, considerando este porcentaje de retenciones, va a haber una recaudación extraordinaria para el 2024 que se la va a quedar toda el Gobierno Nacional. Toda. Porque los derechos aduaneros no son coparticipables”.
En línea con el comercio exterior, la diputada también cuestionó que se eliminen las Licencias no automáticas: “Es la posibilidad de preguntarle a la Secretaría de Producción, también a la AFIP y al Banco Central, si, por ejemplo, se puede entrar un container de ropa de China a precio de dumping (competencia desleal). ¿Tiene sentido hacer de goma a la industria textil o vamos a, en todo caso, tener una política industrial? La eliminación de estas licencias es la posibilidad de una política importadora que elimine la industria”.
¿Un proyecto favorable a la “lluvia de inversiones”?
Strada aseguró el pasado jueves que en su “régimen de grandes inversiones”, el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei da a entender que en el país “no hay rentabilidad o los capitales privados no terminan de reportar ganancias elevadas”.
Sin embargo, la directora del Centro de Economía Política (CEPA) citó datos publicados por la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): “El valor bruto de producción de las 500 empresas más grandes que están en el país fue, en el periodo 2012-2015, de 258.000 millones de dólares; en el gobierno de Macri, donde se relajaron restricciones y hubo incentivos a la inversión, el valor bruto de producción fue de 221.000 millones de dólares, bajó un 15%. En el 2022, último dato de la encuesta, tenemos 268.000 millones de dólares de valor bruto de producción de estas mismas 500 empresas, es decir, mejoró un 21% con las regulaciones que existen hoy, ganaron más plata”.
Y continuó: “Vamos a las utilidades. Entre 2012 y 2015 estas empresas registraron ganancias por 21.000 millones de dólares; en el período de Macri el monto fue de 16.000 millones de dólares, cayeron 23%; y en 2022, de 20.000 millones de dólares, con lo que las utilidades de las 500 empresas más grandes del país mejoraron un 20%”.
Un guiño a los de arriba
En el plenario del 11 de enero la diputada planteó que con este proyecto de ley “ganan los grupos económicos más grandes en detrimento de las grandes mayorías”. En este sentido, advirtió que uno de los artículos propone una reducción en el impuesto a los Bienes Personales.
“Nos proponen, casi como una provocación, que el único impuesto a la riqueza en Argentina baje. Los trabajadores de altos ingresos vuelven a pagar el Impuesto a las Ganancias, las economías regionales e industrias pagan retenciones, a los jubilados les frenamos la actualización provisional pero los ricos pagan menos impuestos”, cuestionó Strada.
En este sentido, detalló que la alícuota del impuesto a los Bienes Personales podría bajar del 1,75 al 0,5. “Son 10.000 personas las que explican el 73% de la recaudación por este tributo, el otro 27% restante son unas 150.000 personas. Estamos beneficiando a 10.000 personas”, sentenció la legisladora.
Derogar la Ley de Góndolas, una medida poco liberal
Otro de los puntos que propone la “Ley Ómnibus” es la derogación de la Ley de Góndolas. Al respecto, Strada objetó: “En Argentina hay dos productores de cerveza, dos productores de pan, tres o cuatro productores de infusiones”.
Y agregó: “La Ley de Góndolas habilita la competencia, busca que la góndola se reparta lo más competitivamente posible con grupos económicos que agrupen sus marcas y que no tengan más que un tercio de la góndola. Hoy en día, si uno va a comprar fideos al supermercado, se va a encontrar con que al 80% de la góndola la ocupa Molinos Río de la Plata, que tiene Matarrazzo, Lucchetti, Terrabusi, Canale, Rina, Don Felipe, Don Vicente y Favorita. Esta ley era una herramienta para controlar la inflación”.
