Por Mariano Martín
El proyecto de ley que presentará el Gobierno para regular el empleo en las aplicaciones de reparto incluirá una salvedad que llevará alivio a los accionistas de esas compañías: les permitirá optar por pasar a su trabajadores a una relación de dependencia propia de la ley de Contrato de Trabajo vigente o bien, mantenerlos como independientes. Se trata de una distinción clave que diferencia la iniciativa que prepara el equipo económico de otras elaboradas tiempo atrás por la propia administración de Alberto Fernández y que eran más restrictivas en ese punto.
«Es una propuesta que mantiene el universo (de repartidores) en las condiciones actuales; se podrá estar en relación de dependencia o ser un trabajador independiente y en este último caso vamos a generar las condiciones para ampliar los derechos y la protección», le adelantó ayer a este diario la ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos. La funcionaria ratificó que el proyecto contemplará «bajo condiciones precisas ambas alternativas» y evitó brindar otras precisiones hasta la presentación efectiva del texto normativo.
En esa línea, la propuesta del Ejecutivo que cuenta con el impulso de Sergio Massa contemplará la coexistencia de dos categorías de trabajadores de aplicaciones: unos con todas las garantías de la LCT, es decir el piso legal de salario mínimo, vacaciones, seguro social, cobertura frente a accidentes de trabajo e indemnización por despido sin causa, y otros para quienes el proyecto establecerá bases de menor jerarquía. La lógica es que al menos se les dará reconocimiento como trabajadores aunque no bajo el amparo de la normativa vigente.
Las aplicaciones como PedidosYa o Rappi emplean en la Argentina a más de 100 mil repartidores. La mayoría de ellos, distribuidos entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Una investigación realizada el año pasado por el dirigente canillita y diputado bonaerense Omar Plaini reflejó que en 2022 sólo en ese distrito se habían relevado 21 millones de transacciones comerciales llevadas adelante por ambas apps a través de por lo menos 20 mil comercios, el 80% de ellos del rubro gastronómico. De esos números, apenas 2 mil empleados figuraron en relación de dependencia de las compañías de capitales trasnacionales.
«Es una nueva forma de laboralidad en la que los patrones no cumplen con las leyes laborales que les imponen registrar al personal y darles salud, ART y derechos. Lo peor es que nadie controla. Yo presenté un proyecto de ley para crear un registro que consiguió media sanción del Senado bonaerense y que ahora está en Diputados, pero en el medio apareció un loby impresionante de las compañías para mantener a los trabajadores como independientes», explicó Plaini. El dirigente explicó que «lamentablemente las aplicaciones les dijeron a los repartidores que van a ser sus propios ‘unicornios’ dueños de su tiempo pero en realidad están manejados por el algoritmo que les hace scoring de su labor».En 2020 el entonces ministro de Trabajo, Claudio Moroni, elaboró un proyecto de ley integral de regulación de las aplicaciones que partía de la presunción de la relación de dependencia de cualquier trabajador incorporado en el registro de las compañías. Entonces, y a caballo de la explosión de rentabilidad que para la actividad representó la pandemia, se intensificó al máximo la presión de las aplicaciones para evitar que la iniciativa fuese presentada ante el Congreso. Desde entonces -y hasta ahora, con el anuncio del equipo de Massa- no hubo por parte del Ejecutivo otro intento por normatizar la actividad. Plaini recordó que entre los propietarios de PedidosYa figura BlackRock, un fondo de inversión que llegó a situarse como el mayor acreedor privado de la Argentina.
