Mientras se aguardaba que este viernes a la mañana se reanude la audiencia imputativa contra el financista Luis Herrera, sus hijos, Ignacio Luis y Diego Francisco y su esposa Marcela Beatríz Fernández, durante la extensa sesión de este jueves resonó el planteo del fiscal Miguel Moreno, que investiga el caso, empleado para justificar hasta dónde llegaba la estrategia de la familia involucrada en maniobras de estafa, asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta, en aras de dar una imagen de prestigio sobre negocios que en realidad eran ilegales.
Puntualmente Moreno argumentó que en algunos casos se enviaron mails a clientes de la mesa de dinero de los Herrera con la liquidación de intereses que supuestamente portaban los activos que pertenecían a los ahorristas desde cuentas de correos electrónicos que pertenecían al dominio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). A criterio del fiscal el mecanismo posbilitaba jerarquizar las operaciones del financista y sus hijos apelando al prestigio que tiene en Rosario la centenaria entidad bursátil y donde los Herrera eran socios. Lo cierto es que el tema encendió el avispero.
Consultado por Punto biz, Moreno indicó que los mails integran el plexo probatorio que expone cómo los que confiaban sus dólares a Herrera recibían periódicamente el reporte de las utilidades que su capital generaba al ser empleado en supuestas triangulaciones en el Chicago Board of Trade. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) dijo que los mails con dominio de la Bolsa habrían sido emitidos con una cuenta a nombre de Diego Herrera, uno de los detenidos a principios de esta semana junto a su hermano y su padre y que este viernes sabrá si sigue bajo prisión preventiva o recupera la libertad.
El tema generó reacciones en la propia Bolsa de Comercio. De acuerdo a datos que pudo recabar Punto biz, mientras que Luis Herrera solo ocupó cargos institucionales y nunca detentó una posición en relación de dependencia, tampoco lo hicieron sus hijos Ignacio Luis y Diego Francisco.
¿Cómo es que entonces podrían haber enviado mails empleando el dominio institucional de la Bolsa? La única explicación posible, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, es que como todos los socios de la entidad, pudiesen haber empleado el servicio de mails que en las primeras dos décadas del milenio prestó la Bolsa a sus asociados. Eran tiempos donde recién se estaban desplegando las redes de banda ancha y la BCR le ofrecía a sus socios una cuenta de correo electrónico bajo el dominio “@bcr.org.ar”. De hecho el dominio migró luego a “@sociosbcr.org.ar”.
El tema para el fiscal Moreno sirvió para sostener de qué manera la familia intentaba impregnar visos de legalidad a una estructura de negocio que estaba floja de papeles y que les permitía sumar cada vez más clientes. La realidad es que en ningún momento durante la audiencia el representante del MPA aclaró el rol que había tenido la Bolsa sobre el mecanismo de difusión de los reportes con
la liquidación de intereses bajo el dominio “@bcr.org.ar”.
Así como la presentó Moreno ante la jueza Paula Alvarez, la mención de la entidad hizo ruido en Córdoba y Corrientes, más aún cuando está vigente desde hace pocas semanas un convenio de colaboración entre la Bolsa y el MPA para compartir información. Sobre este particular, no habrían existido requerimientos de la Fiscalía al departamento de Informática de la BCR sobre el funcionamiento de las cuentas de correo.
¿A prisión?
Este viernes por la mañana se reanuda desde las 8.30 la audiencia sobre los Herrera. Instancia en la que la jueza Paula Alvarez debe definir si impone la prisión preventiva por el plazo de Ley -máximo de dos años en caso de no existir juicio oral y público en ese lapso- para Luis Herrera y sus hijos.
Para Marcela Beatríz Fernández -esposa de Herrera sometida este jueves a audiencia imputativa en libertad- Moreno pidió que se le prohíba la salida del país y que deba firmar con frecuencia quincenal en sede judicial para verificar que se encuentra en la ciudad.
Para solicitar la prisión preventiva, el fiscal planteó la posibilidad de riesgo procesal y se apalancó por un lado en el pedido de concurso preventivo de acreedores a título personal que pidió en el fuero civil y que fue rechazado en primera y segunda instancia. “Herrera pretendía consolidar la estafa vía estrategia concursal que con suerte paga el 20% de las acreencias licuando así cualquier tipo de pasivo. Frente al daño infligido, la actitud de Herrera era devolver poco y nada, evidenciando así un desprecio hacia a las víctimas”, sostuvo Moreno.
