Por David Narciso
Entre mañana y el jueves la provincia formalizará ante la Corte Suprema el pedido de ejecución de los dos juicios que le ganó al Estado nacional en noviembre de 2015 por descuentos indebidos de coparticipación a lo largo de once años. La planilla que los abogados del Estado actualizaron este lunes al 30 de septiembre pasado es por un total de 51.266.000.000 de pesos, se hará por mesa de entrada de la Corte nacional y llevará la firma del fiscal de Estado Pablo Saccone.
El gobernador Miguel Lifschitz pone así punto final a la espera de una propuesta de pago del gobierno de Mauricio Macri que nunca llegó, a pesar de que transcurrieron más de 22 meses desde que la Corte falló a favor de Santa Fe. En el punto IV de la parte resolutiva, el fallo manda que “una vez determinado el monto se fijará un plazo de 120 días para que las partes acuerden las formas y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas”.
La cifra de 51.266.000.000 de pesos es el monto total de las dos demandas que ganó Santa Fe: por la detracción del 15% de coparticipación que el Estado nacional destinaba a financiar Ansés corresponden 40.737.000.000; por los descuentos que iban a Afip son 10.529.000.000 más.
Los montos corresponden a las cifras de coparticipación descontadas entre el 1° de enero de 2006 y noviembre de 2017 y actualizadas en base a la “tasa activa sumada del Banco Nación”. Este punto seguramente será objetado por el gobierno nacional una vez que la Corte le corra traslado de la pretensión santafesina, como ya lo hizo con San Luis, que fue menos paciente con el gobierno de Macri y exige 12.000.000.000 de pesos: en ese caso la Procuraduría del Tesoro Nacional objetó el cálculo con esa modalidad y postuló la tasa pasiva, que por supuesto significa un monto mucho menor en intereses.
Lo que nadie puede prever es cuánto tiempo llevará que la Corte resuelva este pedido de ejecución. Sus plazos son más políticos que jurídicos, y si bien este paso debería ser más expedito, el gobierno intentará usar su influencia para aletargar plazos.
Los juicios
El 12 de agosto de 1992 el gobierno federal firmó un pacto fiscal con las provincias por el cual éstas cedían esos recursos. A partir del 1° de enero de 2006 el Estado nacional extendió el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 fue declarado inconstitucional por la Corte en 2015, a pesar de que el entonces gobernador Jorge Obeid y otros mandatarios rechazaron firmar nuevas prórrogas.
En 2009, sin respuesta de Nación al pedido de cesar las detracciones, el gobernador Hermes Binner inició las demandas ante la Corte, lo que le valió un encono político-institucional del gobierno kirchnerista, con un pico de enfrentamiento en 2011 cuando el socialista se candidateó a presidente y siguió en la administración de Antonio Bonfatti.
En noviembre de 2015, la misma semana que Mauricio Macri ganó el balotaje que lo consagró presidente, la Corte resolvió las demandas de Santa Fe, San Luis y Córdoba. En los tres casos mandó cesar de inmediato con los descuentos.
A partir de diciembre de ese año, la presidenta Cristina Fernández cumplió con la orden judicial y ordenó girar el ciento por ciento de coparticipación a las tres provincias.
Al gobierno de Mauricio Macri le quedó la responsabilidad de devolver a Santa Fe y San Luis lo detraído de forma compulsiva (en el caso de Córdoba, el fallo se limitó a hacer cesar los descuentos). Macri pidió tiempo, luego más tiempo, y entre una excusa y otra pasaron casi dos años sin que su gobierno se sentara a negociar una propuesta de pago.
Santa Fe sí le elevó una propuesta que consistía en unos 7.500 millones de pesos en efectivo y el resto en bonos, pero la Casa Rosada tampoco rompió el silencio.
El juez que deberá correrse
Una de las curiosidades de esta etapa será la composición de la Corte que resolverá. Los fallos de 2015 que le dieron la razón a Santa Fe, San Luis y Córdoba fueron firmados por Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
Ahora, en el retorno del expediente por falta de pago, la Corte está integrada por Lorenzetti, Maqueda, Elena Higthon de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Hay un dato de color: Lorenzetti y Rosatti son santafesinos. Y otro dato que no es de color y seguramente derivará en una excusación: cuando Santa Fe presentó la demanda ante la Corte, lo hizo con la firma del fiscal de Estado de entonces, Jorge Barraguirre, junto con sus adjuntos Analía Colombo y Juan Pablo Cifré, y el patrocinio de los abogados particulares Ricardo Gil Lavedra, María Romero Acuña, Jorge Zirpoli, Gabriel Bouzat, Alicia Cano y Carlos Rosenkrantz.
Éste último es el mismo que en febrero de 2016 Macri promovió en comisión a la Corte y que después de varios meses de espera logró el acuerdo legislativo para asumir el cargo junto con Rosatti.
El hecho de haber patrocinado en 2009 a la provincia en este juicio motivará la excusación de Rosenkrantz para intervenir en el expediente, por lo tanto la resolución quedará en manos de los jueces que firmaron el original, más Higthon que entonces era jueza pero no intervino y Rosatti que no estaba.
Frigerio y más promesas
En su paso por Rosario, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, insistió, una vez más sin ninguna precisión, con que el gobierno nacional cumplirá el fallo de la Corte. Sólo recalcó que le interesa pagar la deuda con obras públicas para que” el dinero vaya a infraestructura que necesita la gente y no se malgaste”, chicaneó.
La Casa Gris y fuerzas parlamentarias santafesinas ya rechazaron esa posibilidad. Es inadmisible que ese dinero vaya a cubrir obras que debe financiar la Nación cuando el dinero de la deuda es de los santafesinos y es una de las razones por las que la provincia padece un importante atraso en infraestructura tras 11 años de recortes de fondos compulsivos.
Por otra parte, es lógico en que un país federal cada provincia elija y decida cómo gastar y en qué. En ese sentido, tanto la propuesta elevada por el gobernador como varios proyectos de ley ingresados por diputados y senadores de la oposición, aseguran la aplicación de esos fondos, cuando se cobren, a infraestructura y fomento de actividades productivas.
