El ministro de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, alzó la voz en torno a la ola de inseguridad que azota a Rosario y a la región. En diálogo con Conclusión, aseguró que «los jueces no tienen forma de prevenir el delito» y que «es difícil pensar que ciertos delitos pueden llevarse a cabo sin la complicidad de algún funcionario policial».
En referencia al difícil momento que está pasando la ciudad con las situaciones de delito e inseguridad, Erbetta deslizó: «El juez debe someterse estrictamente a lo que establece la ley«.
«Normalmente, la ley contempla que el juez pueda conceder los beneficios que establece la legislación penitenciaria. Eso implica situaciones como la progresividad de la pena, que tiene un sentido que lo piden las leyes nacionales, apuntando a la resocialización del condenado«, aseveró.
«A un juez le sería muy difícil no conceder, por ejemplo, una libertad condicional si le acreditan que el penado ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige. Si tiene una buena conducta, si cumplió con el tiempo, y demás. Si la decisión de juez fuera la contraria, no tendría forma de motivarla y quedaría sin efecto«, continuó Erbetta. Además, añadió: «Cualquier resolución tiene que estar fundamentada, de lo contrario, será descalificada como arbitraria«.
Más tarde, consultado por las facultades que tienen los magistrados para establecer políticas en seguridad, subrayó que «los jueces son árbitros que deben resolver los planteos que hacen las partes y resolver el caso aplicando la ley y la Constitución. Intervienen en casos individuales y no tienen posibilidad de diseñar políticas de seguridad y, mucho menos, estrategias de prevención del delito«.
En referencia al pedido de la sociedad de modificar el Código Procesal Penal de la provincia, destacó: «Si se repara en los hechos, tenemos niveles de prisión preventiva muy altos. No es que los jueces no encarcelan preventivamente. Parecía que lo prudente es dejar andar la reforma integral que rige desde febrero de 2014. Luego, en cinco años, veremos cuáles son los puntos fuertes y las debilidades, para mejorar«.
Sobre el narcotráfico, apuntó que «hay una responsabilidad compartida. El narcotráfico ha generado un problema grave en Rosario. Lamentablemente, estamos acostumbrados a vivir esta realidad, pero no hay ninguna duda de que esto requiere una articulación entre los poderes nacionales y provinciales. Ellos no pueden eludir esta responsabilidad«.
«Reconocer la complejidad de este problema es un punto de partida para solucionar las cosas. Si se simplifican las cosas, será difícil. Un ejemplo de eso es pensar que modificando leyes la cosa va a mejorar. Se debe poner el foco en otras cosas: producir información, mucha investigación de campo, relevamientos cualitativos y cuantitativos sobre la ruta del delito y demás cosas. Hay que trabajar además en una policía profesional. Es muy difícil pensar que ciertos delitos pueden llevarse a cabo sin la complicidad de algún funcionario policial«, disparó.
Por último, sentenció: «Los jueces debemos asumir cabalmente nuestra responsabilidad pensar en los intereses de la gente. Desde esa perspectiva recibimos muchas críticas. Lo que sí nos molesta es la descalificación sin información«.
«Todos los poderes públicos tienen que estar abiertos a las críticas, tener jueces resolviendo los casos en audiencia frente a la gente, debería ser una constante en todos los fueros. Que el ciudadano pueda ver de qué manera y cómo se tratan las problemáticas, es una ventajas para ellos», concluyó.
