Por Aldo Battisacco
Luego del avance del poder administrador sobre los espacios del Estado, y los despidos de cerca de 22 mil trabajadores de municipios del país y reparticiones nacionales, comenzaron a resonar con más insistencia los efectos residuales del año anterior y el impacto que generó la instauración de medidas anunciadas por el actual gobierno.
Los rubros alcanzados por estas dificultades llegan incluso a aquellos que supuestamente tenían un cierto grado de protección garantizado por las últimas decisiones que anunció el ministro de ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay. El eje de la discusión se fue corriendo paulatinamente y la prioridad de ampliar el horizonte de posibilidades en el campo laboral disminuye con el paso del tiempo y peligrosamente se aproxima al piso que necesita todo trabajador: cuidar su fuente de trabajo.
Textiles, ceramistas, petroleros, metalúrgicos, gastronómicos, gráficos y madereros son sólo un ejemplo de los afectados en estos días. La solución que ensayan muchas empresas se basa en el ofrecimiento a sus operarios de que acepten “retirarse voluntariamente”, rescindan contratos o se resignen a la extensión en el tiempo de esta modalidad precarizando las condiciones laborales o en casos extremos esperar que se abonen salarios atrasados. No faltan empresas que ante esta realidad, empujan a los trabajadores a mendigar ayudas al Estado que subsidie los quebrantos empresariales.
El incremento de medidas de fuerza que se arrastra del último mes de 2015 es un dato indiciario de los efectos adversos de la economía de ese año a lo que se suman las “precauciones” empresarias de un cambio de paradigma económico en el que las señales del Gobierno son lo suficientemente claras hacia el sector empresario sobre las reglas de juego y una clara postergación de respuestas a las expectativas de los trabajadores.
De 5.500 despidos que se registraron en 2015, el 25% responde al sector privado. Hoy el número de expulsados en distintos órganos del Estado asciende a 21.185 trabajadores, y los despidos en el sector privado crecen gradualmente con el transcurrir de los días.
Así, son innumerables los ejemplos de firmas afectadas; entre tantos, la avícola Cresta Roja que amenazó a 5 mil trabajadores con el despido pero una vez que apareció un nuevo operador para “salvar” la planta propuso el 70% del salario de convenio y desconocer la antigüedad de los operarios. Aún así, no serán todos los trabajadores reincorporados, pues los que accedan tendrán que cumplir con un programa de productividad para facilitar el acceso de sus compañeros que quedarán en la calle.
Cerámica San Lorenzo ya sufrió en la planta de San Juan 140 despidos, y sin cerrar la explotación luego del pago forzoso de los retiros “voluntarios”, incorporó nuevos trabajadores a los que se le paga sólo el 25% del sueldo que percibían los desafectados. El esquema se intenta reflotar para los operarios del establecimiento en la ciudad de Azul.
La UOM de La Plata advirtió que se producirán 57 despidos de la firma PSA Peugeot-Citroen, supuestamente por la caída de un proyecto que consistía en fabricar motores y caja de velocidades para la India. El gremio pidió la instrumentación de planes Repro para que la empresa sea subsidiada con 2 mil pesos para destinarlos al pago de sueldos.
La fábrica de cosechadoras Vasalli fue afectada por la suspensión de un convenio con Venezuela que suspendió nuevas compras y que registra una deuda de anteriores entregas de maquinaria. Los trabajadores perjudicados en Firmat llegan a 600.
La empresa Austral Construcciones, de Lázaro Baez, adeuda salario y compromete los puestos de 1.800 trabajadores. El martes, un piquete que reclamaba por el reconocimiento de sus derechos en Caleta Olivia fue reprimido por la Gendarmería.
Los petroleros de Chubut marchan y reclaman desde la semana pasada por sus fuentes laborales y responsabilizan al gobierno nacional por indefiniciones en su política hidrocarburífera.
Por su parte, las empresas que explotan las zonas petroleras arguyen que el bajo precio del crudo en el orden internacional hace inviable el negocio e insostenible la actividad. Mil obreros prometen que la paz social se verá alterada el 20 de este mes si no hay soluciones.
Por su lado, muchas de las tercerizadas que prestan servicios a estas petroleras amenazan con 500 despidos.
Desde la textil Kevingston se anunció que no confeccionarán en adelante la ropa de esa franquicia, y que se ve obligada a importar las prendas para que su explotación sea más rentable. Por ahora los cortadores que caminan al filo de la cornisa son 64.
Luego del cierre del frigorífico Frideco SA de la localidad santafesina de Totoras, el ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó una audiencia de conciliación entre miembros de la empresa y del Sindicato de la Carne. En la reunión se acordó el pago de deudas salariales de 100 trabajadores.
También trascendió que desde la automotriz General Motors se están instrumentando retiros voluntarios para sus trabajadores, sin que se pueda precisar hasta ahora la cantidad de operarios que aceptaron este condicionamiento.
La CGT San Lorenzo alertó el 28 de diciembre pasado por inminentes despidos. La imposición de un techo paritario, la devaluación del peso, la prórroga por 180 días para iniciar las negociaciones para recomponer salarios, y las limitaciones del derecho constitucional de huelga irritó a los trabajadores.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Pablo Reguera, señaló que para 2016 las firmas que emplean a los trabajadores de ese gremio “tienen intenciones de convertir entre el 25 al 30 por ciento de la masa laboral -del sector aceitero- en personal tercerizado”.
Sin embargo, para quien quiera dar un mirada hacia los momentos de la campaña electoral, varios economistas y empresarios cercanos al establishment dieron su opinión de como debían ser las pautas del empleo en salario condiciones laborales.
EL CEO de FIAT en Argentina, Cristiano Rattazzi, dijo en diciembre antes de la devaluación que los salarios argentinos son “altos”, al valor del dólar oficial ($ 9,40) de aquel entonces, «estamos mucho más alto» en relación a los sueldos del mundo.
El 13 del diciembre de 2015, Paolo Roca, de Techint, dijo que despedirá obreros si no aceptan reducción en sus sueldos.
Eduardo Fidanza, consultor económico y socio de Poliarquía, aseguró a mediados de noviembre del año pasado que “la gente va a estar más dispuesta a resignar salario si se mantiene el nivel de empleo”.
Todos ellos coincidieron que hay que reducir el deficit fiscal, algo que debidamente tomo nota el Gobierno y lo esta ejecutando mediante los despidos y el tratamiento de los contratos de 84 mil contratos, que prometió Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Nación, quien manifestó que también se analizarán los nombramientos realizados por concurso público antes del 10 de diciembre.
Ya en funciones y alejado de los momentos de las promesas, el actual ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, disparó en un claro mensaje: «Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo».
Los antecedentes más mediatos se dieron con declaraciones del titular de la UIA, Héctor Méndez, en abril de 2015 que propuso un techo a las paritarias en un 20 por ciento y argumentó que «los salarios de Brasil y los de México son mucho más bajos que los nuestros y por ese motivo venden más autos”.
Si existen coincidencias entre los anuncios de campaña y la posición de los hombres del establishment con las medidas gubernamentales que luego se adoptaron, es algo que se comprobará con el devenir. Hasta ahora el escenario muestra que hay matices y estilos que llaman la atención.
