Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí imputaron ayer a cuatro mujeres por integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial a través de la carga de horas cátedra irreales o falsas en el sistema informático del ministerio de Educación, para luego cobrarlas. La atribución de los delitos se llevó a cabo en una audiencia que comenzó pasadas las 18 y finalizó cerca de las 20.30 en el subsuelo de Tribunales de la capital provincial. El juez de la Investigación Penal Preparatoria fue Roberto Pegassano.
Las imputadas accedían al sistema informático del ministerio de Educación y cargaban reemplazos y licencias de corta duración que no existían. Realizaron 274 casos y otros 100 quedaron en grado de tentativa. Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, investigaron el caso.
Las cuatro mujeres tienen entre 36 y 45 años. La primera de ellas fue imputada por ser la jefa y organizadora de una asociación ilícita que consumó 274 defraudaciones y realizó otras 100 que quedaron en grado de tentativa, todas en perjuicio de la administración pública. Ambos delitos (asociación ilícita y defraudación), fueron imputados en concurso real.
Por su parte, a las otras tres mujeres los fiscales les atribuyeron los mismos delitos, pero sólo en condición de organizadoras.
Reemplazos
Apullán y Martí explicaron que la asociación ilícita venía realizando la actividad delictiva desde mediados de 2015 y calcularon que el monto del perjuicio al erario público es de 136.755,82 pesos.
“La maniobra consistía en cargar en el sistema informático que utiliza el ministerio de Educación –denominado SARH– horas cátedra de reemplazo que eran irreales o falsas. El ingreso de la información al sistema se llevaba a cabo utilizando el usuario y contraseña de las escuelas afectadas y de los destinatarios del dinero”, detallaron los funcionarios del MPA.
Los fiscales precisaron que “estas personas habían descubierto una “vulnerabilidad” del sistema que les permitió conseguir que la cartera educativa provincial abonara los respectivos rubros por reemplazo falsos en las cuentas sueldo de cada uno de los beneficiarios”.
Además, los funcionarios del MPA explicaron que “el sistema delictivo que utilizaron en las escuelas públicas del departamento La Capital ya había sido ejecutado en el ámbito de un colegio privado religioso ubicado en el microcentro de la capital provincial”.
Otros involucrados
Apullán y Martí adelantaron que hay al menos otras 10 personas involucradas y que fueron beneficiarias del dinero. Aclararon que están todos identificados, informaron que serán imputados, pero –por el momento– conservarán su libertad.
Trabajo conjunto
Los fiscales del MPA valoraron las tareas de investigación realizadas en los últimos seis meses y destacaron la colaboración en el proceso de investigación de los asesores jurídicos del ministerio de Educación y de otras reparticiones de la cartera. También consideraron de importancia el trabajo de especialistas de la sección Delitos Tecnológicos y del grupo de Análisis Criminal de la Policía de Investigación (PDI) de la provincia.
Preventiva
La audiencia de medidas cautelares se realizará mañana en horario a confirmar. Los fiscales Apullán y Martí solicitarán la prisión preventiva de las cuatro mujeres detenidas.
