El gremio manifestó que “preocupado también por esta coyuntura, el sector empresario ha coincidido en la postura” y señaló que llevarán adelante “medidas mancomunadas en ese sentido”.
El secretario general del gremio de los trabajadores de la construcción de Rosario, Carlos Vergara, dijo que "hay miles de trabajadores, compañeros y sus familias que dependen del trabajo que genera, y debe garantizar, el Estado provincial por los compromisos asumidos".
Desde la entidad gremial recordaron la necesidad de colocar mamparas en los móviles y denunciaron que muchos trabajadores del sector “no cuentan con ningún tipo de cobertura médica, ni de ART, ni de seguro de vida en una localidad con las características de Rosario”.
El secretario general Antonio Ratner lo consideró después de que el titular de la cartera de Gestión Pública provincial anunciara que no seguirá la cláusula gatillo. Pidió que los trabajadores sean convocados en febrero y que se trate todo “sobre la mesa”.
El ministro de Gobierno, Pablo Farías advirtió que la situación de las arcas es muy compleja y apuntó contra la Nación por no enviar los fondos comprometidos.
La mujer fue imputada como jefa y organizadora de la asociación ilícita que cargaba reemplazos y licencias inexistentes en perjuicio de la administración pública provincial.
Se les atribuyó el delito de asociación ilícita, en calidad de miembros y también se los imputó por defraudación. Esta tarde será la audiencia de prisión preventiva a cuatro mujeres imputadas el martes.
Se trata de mujeres acusadas de asociación ilícita que accedían al sistema informático del Ministerio de Educación. Realizaron un total de 274 casos y otros 100 quedaron en grado de tentativa.
La investigación cuenta con 11 imputados por asociación ilícita, estafas inmobiliarias y lavado de dinero. Se presentaron como querellantes el Estado provincial y el empresario Juan Borghi.
Las dos audiencias se tramitarán este viernes en Tribunales, la jueza Mónica Lamperti resolverá el pedido de la Fiscalía para que los acusados continúen en prisión. Además la provincia se presentará como querellante.
Lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una causa de ejecución fiscal iniciada por la obra social de los docentes. La millonaria deuda del estado provincial es en concepto de aportes no efectuados.
Atravesado por la pobreza, la exclusión y la ausencia del Estado, padece el flagelo de la violencia en cada uno de sus rincones pero la gente lucha por salir adelante en un contexto desolador.