Desde el año 2013, el gobierno Nacional mantenía un acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para manejar la producción en terrenos estatales, pero este acuerdo se rompió cuando se licitaron 15 mil hectáreas que terminaron en manos de poderosas firmas agropecuarias.
De esta manera, se decidió volver al arrendamiento privado, redefiniendo de manera rotunda la política para explotar estos terrenos y los grandes “pooles de siembra” siguen manejando el monocultivo de soja que maneja gran parte de la economía del país.
A partir del el 2009 tras la polémica resolución 125, el Ministerio de Defensa resolvió prohibir el cultivo de soja en predios pertenecientes a las FFAA en zonas urbanas y semiurbanas. En 2010, una nueva resolución derogó la anterior prohibición y estableció un procedimiento “para un producción agrícola sustentable”, basado en la rotación de cultivos.
Finalmente, en 2013, el Ministerio de Defensa firmó el Convenio N° 48 con el INTA para “optimizar las capacidades y recursos en las explotaciones agropecuarias”, y se modificó nuevamente el modelo respecto del alquiler a terceros de tierras castrenses. El Estado tomó el control total de la siembra enfatizando siempre en la “rotación de cultivos” y “el cumplimiento de las normas ambientales”.
Quienes conforman la Federación Agraria Argentina (FAA) manifestaron sus disconformidad con respecto a este tipo operaciones y desde el 2016 se encuentran gestionando diferentes políticas para que todas esas tierras –que pertenecen al Estado- y que son administradas en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE), pueda ser producidas y trabajadas por pequeños productores o cooperativas que producen y comercializan.
“Año tras año los que producen y trabajan esas tierras son grandes fondos de inversión, `pules de siembra` o empresas que de alguna forma monopolizan la producción de estas tierras. Y a pesar de que la licitación sea pública, la posibilidad de competir con estas grandes empresas, para los pequeños productores, resulta imposible. Los números no dan para ganar está licitación”, expresó Omar Principe, Presidente de FAA en diálogo con Conclusión.
Según cuenta Principe, en las licitaciones, los pliegos tienen determinadas obligaciones incluyendo como piso de ingreso valores muy altos.
“Para cualquier pequeño productor trabajar un número pequeño de hectáreas necesita un respaldo financiero importante y eso es parte de lo que le pedimos a ABE, que los tener acceso a estas tierras necesitamos acompañados de una política de financiación que facilite las operaciones como ser, acceso a las semillas, los insumos, el gasoil, entre otros”, señaló.
La semilla de la discordia
Desde el 2013, se sembraron con soja casi el 72% del área bajo cultivo en campos militares, 13.357 hectáreas, sobre un total cultivado de 18.639 hectáreas. Si bien, hubo algunas modificaciones, sigue predominando el monocultivo.
En ese sentido, el Presidente de FAA manifestó que ese modelo productivo, “favorece a la concentración productiva y a la concentración económica, pero no favorece al desarrollo territorial en Argentina”.
“En estos días con la Emergencia Hídrica es un factor más que nos esta indicando que el monocultivo también produce una emergencia sobre el suelo. Cuando tenemos este tipo de monocultivo lo que estamos haciendo en la cuestión hídrica es no aprovechar ni absorver la cantidad de milímetros de agua caída y eso es lo que produce en algún momento las inundaciones y los anegamientos”, explicó.
Y remarcó: “Los canales no dan abasto. Hay que dar una mirada integral al tema de la emergencia que no es solo un tema de cambio climático sino que es trabajar en el modelo agropecuario”.
Finalmente, una de las informaciones que llegan desde el gobierno Nacional, es que este año se arrendarán otras 15 mil hectáreas pertenecientes a las Fuerzas Armadas por lo cual, desde la cúpula de la FAA que “estarán pendientes” para que ahora sì, “los pequeños productores y las cooperativas puedan acceder a la licitaciòn.
