La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la resolución del Ministerio de Trabajo que, sobre el final de la gestión kirchnerista, le otorgó la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), integrada por los denominados «metrodelegados», y ordenó a la cartera laboral volver a evaluar la solicitud.
El fallo, revoca la Resolución 1601/2015 del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Carlos Tomada, a raíz de «irregularidades formales» detectadas en la gestión de la personería y señala que, una vez «subsanadas» esas falencias, la cartera de Trabajo «se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda», es decir si corresponde o no confirmar la personería gremial de los «metrodelegados».
De esta forma, será el Ministerio a cargo de Jorge Triaca el que deberá analizar ahora si le otorga o no la personería gremial a la Agtsyp, que había sido objetada judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández.
Así, será la gestión de Cambiemos la que revisará el trámite que se extendió durante casi dos años y medio, y que derivó en el otorgamiento de la personería gremial a los «metrodelegados», en una resolución firmada el 26 de noviembre del 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 1 de diciembre de ese año, pocos días antes del fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
En este marco, consultados por Télam, el titular de la UTA celebró el fallo, mientras que los «metrodelegados» le atribuyeron «tinte político» a la resolución judicial y anticiparon que la semana próxima anunciarán públicamente los pasos a seguir en torno a este tema.
De acuerdo con lo resuelto por unanimidad por los integrantes de la Sala II, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo avaló el planteo de nulidad de la resolución que otorgó la personería gremial a la Agtsyp que había sido formulado por la UTA, que hasta el surgimiento de los denominados «metrodelegados» concentraba la representación gremial de los trabajadores del subte.
En este sentido, los camaristas de la Sala II del tribunal de apelaciones del fuero laboral entendieron que «en el proceso seguido en la sede administrativa (en alusión al Ministerio de Trabajo) no se ha resguardado el derecho a de defensa de la recurrente con la intensidad que exige la ley», en referencia a las objeciones planteadas por la UTA en el marco del trámite de los metrodelegados para obtener la personería gremial.
Incluso, indicaron que «lo concreto y jurídicamente relevante es que las pruebas valoradas en la resolución recurrida han sido obtenidas sin la participación de la UTA».
«Tal aspecto medular posibilita que la parte afectada (por la UTA) se constituya a estar a derecho en el pleito, oponga las defensas que considere pertinentes y ofrezca prueba», señalaron los camaristas Graciela González, Miguel Ángel Pirolo y Miguel Ángel Maza.
Además, señalaron que, en el marco del trámite, el Ministerio de Trabajo «no articuló ningún mecanismo procedimental a fin de otorgar la recurrente (la UTA) la posibilidad de participar en la producción de tales pruebas, afectando insalvablemente la bilateralidad del proceso».
También, indicaron que en la tramitación de la personería gremial de la Agtsyp «no se ha cotejado con las garantías necesarias» el hecho de que la Agtsyp esgrimiera poseer una «considerablemente superior» cantidad de afiliados a los de la UTA dentro del ámbito de los subterráneos de Buenos Aires.
«Corresponde revocar la resolución impugnada y devolver las actuaciones a la sede de origen para que, una vez subsanadas las irregularidades, formales señaladas y luego de haber cumplido rigurosamente con las reglas adjetivas aplicables, se expida nuevamente en relación a la cuestión sustancial de la contienda», indicó el fallo de la Cámara del Trabajo, firmado el lunes último.
No obstante, en la resolución judicial, los camaristas aclaran que la decisión tomada «no implica en modo alguno adelantar opinión sobre la suerte final del pleito, el cual, reitero, deberá ser decidido una vez finalizado el proceso formal en el que se respeten las garantías de defensa en juicio y legalidad que prevé el artículo 18 de la Constitución Nacional».
En su momento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) impugnó ante la justicia la resolución firmada en diciembre de 2015 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuestionando el modo en que se contabilizó la cantidad de trabajadores a ser representados.
Consultado por Télam, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo que «este fallo pone en claro algo que sostuvimos siempre», que es que «la representatividad de los trabajadores del subte siempre la tuvo esta organización sindical», en referencia a la Unión Tranviarios Automotor.
«La polémica personería gremial a esta asociación y a otros sindicatos fueron parte de una política y, a horas de abandonar la administración el anterior gobierno, pese a las reservas que tenían los funcionarios de carrera del ministerio de Trabajo, les fue otorgada», indicó Fernández.
«La historia reciente demuestra que, más que revolear inscripciones y personerías a gremios como recompensa por favores políticos, hay que trabajar por la unidad y en defensa de los trabajadores», añadió el dirigente.
Además, Fernández señaló que «el modelo sindical argentino que continuamente es vapuleado por aquellos que defienden otros intereses, se debe defender sin temor alguno, porque la existencia de varios gremios de un actividad sólo sirve para debilitar la fuerza de los trabajadores y dejarlos a merced del capitalismo salvaje».
