El proyecto de ley de humedales, una iniciativa legislativa que busca un ordenamiento territorial de esas valiosas zonas naturales de todo el país, corre serio riesgo de volver a perder estado parlamentario después de una «picardía» legislativa del oficialista presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (PRO).

Así lo denunciaron esta semana medio centenar de organizaciones ambientalistas y científicos de toda Argentina, que en un comunicado recordaron que el proyecto ya había sido aprobado en las comisiones de Ambiente y de Agricultura pero que, a la hora de girarlo al recinto para su tratamiento, «Pinedo adujo que al momento de la reunión debería haber estado el presidente de la comisión de Agricultura, algo que no figura en el reglamento parlamentario (de la Cámara alta) y lo envió nuevamente a comisiones».

El abogado ambientalista Enrique Viale explicó esta maniobra política por el hecho de que existen «intereses muy grandes que quieren avanzar sobre los humedales y que no quieren ninguna normativa», representados sobre todo por el agronegocio y la especulación inmobiliaria, «los grandes detractores de este proyecto».

El demorado proyecto de defensa de los humedales —al que el Parlamento argentino le adjudicó una velocidad de tratamiento inversamente proporcional a la utilizada para acordar de forma unánime un aumento salarial exprés del 50 por ciento— cuenta con el apoyo de casi todos los bloques legislativos y tuvo firma favorable de 16 senadores.

Fue incluso una de las promesas de campaña electoral del presidente Mauricio Macri, quien además ratificó a principios de año en un acto en Pilar (con un humedal de fondo) que el gobierno iba a impulsar «una nueva ley para proteger los humedales que ocupan parte importante del territorio de Argentina».

El proyecto de ley propone un ordenamiento territorial de humedales que hará posible acciones de protección en estos ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable a las poblaciones.

Además, incorpora una moratoria para impedir, mientras se elabore este relevamiento, la continuidad de las obras o el inicio de actividades nuevas que impliquen cambios del uso del suelo.