La Pastoral Social rechazó la prohibición de cuidacoches y envió una carta a legisladores
El organismo de la Arquidiócesis local advirtió que penalizar la actividad “implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño”.
En medio del debate por la situación de los cuidacoches en Santa Fe, la Pastoral Social de la Arquidiócesis local envió a mediados de abril una carta a los legisladores provinciales en la que expresó su rechazo a la prohibición de la actividad y planteó su postura sobre la convivencia democrática en el territorio.
El texto enviado a la legislatura provincial expresa que “tenemos a personas que, en un contexto de necesidad, ofrecen de manera libre un servicio de cuidar, lavar o limpiar un vehículo a cambio de una contribución voluntaria. Esto no es otra cosa que el ejercicio básico de la libertad de trabajo y de contratación”. Asimismo, agrega: “Penalizar esta conducta implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño”.
En esa línea, y avanzando en el escrito, la Pastoral Social aborda la delicada diferencia entre trabajo y coerción. “Existen situaciones completamente distintas: aquellas en las que hay amenazas, coerción o aprovechamiento de la vulnerabilidad».
En esos casos, no hay duda, corresponde la intervención del Estado y la sanción. Pero justamente por eso debemos ser precisos: no todo es lo mismo. «Si no distinguimos, corremos el riesgo de cometer una injusticia mayor, tratar igual al que trabaja en condiciones precarias que al que extorsiona”.
A su vez, incluso desde una mirada evangélica, la distinción resulta central. En efecto, el Evangelio plantea: “No juzguen y no serán juzgados” (cf. Mateo 7,1) y también “Lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos” (cf. Mateo 7,12). Es decir, se promueve el discernimiento por sobre la condena indiscriminada.
En este sentido, la Pastoral Social Rosario advierte que no puede ignorarse el contexto social en una realidad atravesada por el desempleo y la informalidad, muchas personas encuentran en esta actividad su único medio de subsistencia.
Por lo tanto, subraya que no se trata de una elección vocacional, sino de la falta de alternativas, y que la respuesta del Estado no debería ser, en primera instancia, la sanción.
En este marco, el documento retoma palabras de San Juan Crisóstomo: “No compartir con los pobres nuestros bienes es robarles y quitarles la vida”. De este modo, el organismo de la Arquidiócesis local sostiene que “muchas veces, lo que vemos en la calle no es un problema de orden público, sino una manifestación de necesidades más profundas”.
Además, advierte que la evidencia demuestra que la prohibición, por sí sola, no resuelve el problema, sino que lo desplaza hacia zonas con menor control, lo vuelve más informal y, en muchos casos, más conflictivo. En consecuencia, remarca que sin control real ninguna norma funciona y sin políticas sociales ninguna prohibición es justa.
Por otra parte, la misiva también plantea que las conductas más graves, como amenazas, daños o robos, ya están tipificadas en el ordenamiento legal vigente.
En ese sentido, se pregunta: “¿Qué es lo nuevo que introduce este proyecto?”. Y responde: “La criminalización de conductas que no implican daño”, lo cual merece al menos una reflexión profunda. Más aún cuando, según indican, los casos delictivos vinculados a esta actividad representan un porcentaje ínfimo.
En relación con los eventos masivos, el documento sugiere que “el foco debería estar en otro lado: en las organizaciones que sí generan violencia, en los esquemas que explotan o coaccionan”. Allí, señalan, es donde el Estado debe concentrar sus esfuerzos.
Paralelamente, proponen pensar alternativas. Por ejemplo, mencionan la posibilidad de regular la actividad mediante registros, ordenamiento e identificación, junto con reglas claras. A la vez, insisten en la necesidad de políticas de inclusión, como capacitación, asistencia y acceso al trabajo.
En este punto, retoman una frase del papa Francisco: “El trabajo es sagrado, da dignidad a la persona”. Por ello, plantean que antes de prohibir, es necesario preguntarse cómo transformar estas realidades en oportunidades de inclusión. De lo contrario, advierten: “¿Qué van a hacer esas personas al día siguiente de la prohibición?”.
Finalmente, el texto concluye que, en caso de avanzar con restricciones, estas deberían implementarse de manera gradual, con períodos de transición, relevamientos serios y políticas públicas en marcha. “Empezar por prohibir y después ver qué hacer es empezar al revés”, sostienen. Y agregan: “Este no es un debate sobre ‘trapitos sí o no’, sino sobre cómo el Estado distingue, regula y responde frente a la vulnerabilidad”.
En ese marco, citan el Evangelio: “Tuve hambre y me diste de comer” (cf. Mateo 25,35), para enfatizar que el otro “no es un problema a eliminar, sino una persona a la que debemos responder con justicia y humanidad”.
Cabe señalar que, pese a la carta enviada por la Pastoral Social a los legisladores provinciales, la postura del oficialismo se mantiene firme en avanzar con la prohibición y sanción de la actividad.