La jueza Mónica Lamperti aceptó ayer dos pedidos de constitución de querellantes que fueron presentados el viernes pasado en el marco de la causa por estafas, fraudes inmobiliarios y lavado de dinero.
Así las cosas, el Estado provincial quedó constituido como querellante en la causa, como lo había solicitado el gobernador Miguel Lifschitz. Por otra parte, el empresario Juan Borghi también fue aceptado tras estar vinculado a la causa por la compra de un campo de Villa Amelia, aunque la jueza entendió que éste hizo la operación de buena fe.
La magistrada aceptó el pedido formulado el viernes por el procurador general Juan Carlos Carbone.
El fiscal de Estado, Pablo Saccone dijo en LT3 que están satisfechos con esta resolución, porque es lo que pretendían y destacó a la jueza que fue “desgranando” cada uno de los temas que fueron planteando y se resolvió a favor.
La decisión fue dada a conocer a las partes sin la presencia de los imputados cinco días después de que el procurador general Juan Carlos Carbone expusiera sus argumentos para pedir que la Provincia sea querellante en la causa.
En tanto, mañana se conocerá la resolución de la Cámara Penal sobre las medidas cautelares que alcanzan a siete de los once imputados que permanecen tras las rejas.
