Por Florencia Vizzi

Rosana Martins es la presidenta de la Asociación Civil Centro de Ayuda al Discapacitado. Su propio hijo, que pronto va a cumplir 30 años, padece un síndrome que lo habilita a cobrar una pensión por incapacidad. La madre se muestra indignada por la suspensión de la pensión a miles de personas en todo el país que, si bien se viene aplicando desde la segunda mitad de 2016, comienza a hacerse notoria en los primeros meses de este año. En ese marco, anunció prontas acciones de amparo contra la decisión del gobierno e instó a los ciudadanos a participar de una convocatoria contra la arbitraria medida esta tarde en el Monumento a la Bandera.

Dichas suspensiones, que según los datos oficiales suman entre 80.000 y 100.000 en todo el territorio nacional, se basan en la aplicación de un decreto del año 1997 que, además, es inconstitucional señala la presidente de la asociación. «Esto es un desastre y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados» agregó.

En ese sentido, Alicia Escudero, trabajadora del Centro de Atención Local de Rosario, que depende de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en diálogo con Conclusión afirmó que «se está aplicando a rajatabla el decreto reglamentario del año 1997, que establece una serie de criterios que tiene que ver con el amparo familiar, con el patrimonio y con beneficios».

El decreto al que ambas se refieren es la norma reglamentaria Nº 432/97.  En la misma se consigna, entre otras especificaciones, que no podrán acceder al beneficio las personas que estén contempladas en los siguientes puntos, contenidos en el capítulo 1º:

f) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva alguna.
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuentren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros familiares bajo el amparo de entidades públicas o privadas en condiciones de asistirlo.
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia.
i) No encontrarse detenido a disposición de la justicia. Con relación a lo determinado en los apartados g) y h), la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo familiar, como así también, cualquier otro elemento de juicio que permita saber si el peticionante cuenta con recursos o amparo.

Clima de angustia permanente

Las llamadas CAL (Centro de Asistencia Local) son las oficinas en las cuales se tramitan las pensiones por incapacidad. Dependen de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y quienes trabajan allí son quienes se encargan de llevar adelante los expedientes desde el inicio hasta que son enviados a Buenos Aires. Una vez que las pensiones son otorgadas también son responsables de realizar los seguimientos de los expedientes.

Es por eso que los trabajadores de los CAL llegan a conocer en detalle la realidad de cada caso y, en muchos casos, a comprometerse con quienes transitan a diario esas oficinas. Es por eso que esos mismos trabajadores emitieron un comunicado rechazando «el método de suspensiones unilateral e intempestivo» y en el cual señalan que «antes de cualquier decisión que implique la interrupción del beneficio, debe establecerse un mecanismo que le permita al titular ejercer su derecho a aclarar cualquier duda que existiere».

Alicia Escudero, trabajadora y delegada de ATE, señaló que «los datos que tenemos es que ha habido un promedio de entre 70.000 y 80.000 pensiones suspendidas, con distintas causales» y enfatizó que «con más de 15 años trabajando en el organismo y habiendo visto pasar a varias gestiones, nunca se había registrado una interrupción de estas características». «En todas las nuevas administraciones se hace una revisión de las pensiones otorgadas, pero nunca con la interrupción del cobro. Siempre se han hecho comunicaciones, censos, revisiones de los casos con presentación de documentación, pero nunca con una interrupción del cobro, que es lo más grave», enfatizó la trabajadora del CAL.

«Esta decisión deja a miles de familias sin un ingreso que es absolutamente necesario para su subsistencia», formuló Escudero. Y en cuanto a las versiones de que esta medida es para eliminar las pensiones otorgadas como favores políticos, la delegada fue contundente. «Yo puedo hablar por todo lo que he visto en más de quince años de trabajo. Para recibir una pensión de este tipo hay que presentar certificados médicos, que tienen que estar extendidos por un organismo público, hay que presentar documentación que acredite esa discapacidad, de los tratamientos que realiza, informes de especialistas, estudios y  varias cosas más. O sea que yo puedo dar fe que el que lo tiene es porque acreditó lo que se pidió. Sabemos que han habido épocas en que se han hecho operativos de carácter masivos, más generales, en los que nosotros no hemos intervenido, de carácter más territorial, pero de lo que yo puedo dar fe, es que, si esos casos existen, son los menos. Y, en definitiva -prosiguió- esto no es más que una excusa, porque lo que acá está en juego es otra cuestión. Lo que acá está en juego es una política que tiene que ver con recortes en todas las áreas de la asistencia y la previsión social. Y estas suspensiones van de la mano de los recortes que se han hecho a los jubilados del Pami, en cuanto a la percepción de las prestaciones sociales de los beneficios de la jubilación, internaciones, medicamentos, etc. Lo que nosotros consideramos es que esto es una política más general, que tiene que ver con entender las políticas sociales como un gasto que puede ser recortado y reducido».

Escudero señaló que como trabajadores «queremos dejar claro que rechazamos este método». «Si efectivamente quieren hacer una revisión, debería hacerse en los términos que corresponde y no de esta manera absolutamente salvaje. Y, mientras tanto, también denunciamos que hay un importante atraso en el otorgamiento de las pensiones que están en trámite. Cada vez demoran más en otorgarlas».

«Por otro lado, lo que estamos viendo y que nos preocupa es que hay mucha gente que viene, reclama, se queja, pero hay muchos otros que, por sus propias limitaciones, no puede hacerlo y no se acercan ni preguntan. Esa gente dejó de percibir su ingreso y ni siquiera puede reclamarlo, enfatizó la delegada del CAL.

«Además nosotros queremos señalar, en relación a los dichos de las autoridades del organismo, que aseguraron que, si hay errores las restituciones de las pensiones son inmediatas, eso es bastante complejo. Muchas veces, para llevar adelante el proceso de rehabilitación hay que realizar una serie de pasos y de presentaciones de documentación que lleva tiempo. A veces, es un proceso que lleva meses. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a que el beneficio sea rehabilitado pero las respuestas no son de forma inmediata. Cuando viene alguien que te dice ‘no tengo para pagar el alquiler’, o ‘no tengo para comer’, obviamente que esto genera una situación de violencia institucional contra la gente que es muy angustiante. Tratamos de dar respuesta y no la encontramos».

Lo cotidiano

«Una pensión media por incapacidad es el 70% de un haber mínimo, en este momento puede rondar en 4.400 pesos. Pero también son susceptibles de los beneficios de la percepción de los salarios, si tienen hijos, esposa, o sea que una pensión puede rondar entre los 4.600 y los 7.000 pesos, en general».

Esa suma de dinero puede, en muchos casos, hacer una gran diferencia, y percibirla puede volverse una cuestión de vida o muerte. En ese sentido, Rosana Martins manifestó: «Las personas con discapacidad, lamentablemente, son personas indigentes porque, si no las ayuda la familia, los hermanos, los padres están obligados a vivir en la pobreza. Yo tengo un hijo discapacitado que va a cumplir 30 años, y tengo que tener un hijo indigente, porque él no puede tener un auto o una casa a su nombre. Tener un auto no es un lujo, incluso es un beneficio que nos han dado, porque no pagamos patente y lo compramos con un descuento del 40% y el estacionamiento es gratuito. Pero, en estos últimos meses, les han suspendido las pensiones a las personas que tienen un vehículo a su nombre. No hablo de un auto de lujo, hablo de algo que les permita trasladarse».

«Además –señaló Martins–, el cinismo con el que se manejan es tremendo. La ministra de Desarrollo Social (Carolina Stanley) dice que no le están sacando pensiones a ningún discapacitado. Eso es cinismo total. Esta mujer debería renunciar», enfatiza con gran enojo  Martins. «Y lo mismo digo en relación a (Guillermo) Badiño (presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social), que salió a afirmar que una persona con Síndrome de Down no necesita cobrar pensión porque puede trabajar. ¡Vamos! Entonces que le consigan el trabajo, porque ni siquiera se cumple con el cupo laboral que se exige por ley».

Por su parte, desde el CAL señalaron que  también es sumamente preocupante la situación de las personas adultas. Hay personas de 40, 50 o 60 años cuyo cónyuge accedió al servicio de la jubilación, estamos hablando de una jubilación básica, de 6.000 pesos y por esa razón le suspenden la pensión. Y hay que considerar que, ni siquiera sumando ambos ingresos, estas personas superarían la línea de la pobreza».

«Tenemos una niña que está internada en el Hospital Vilela con respirador, son personas que viven en una villa de emergencia y el esposo de la mamá tiene cáncer. Y ya tenía todos los trámites hechos para que la nena pudiera ir a internación domiciliaria, pero como la Justicia obligó al padre biológico, con quien no tiene ningún tipo de relación, a pasarle una cuota alimentaria de 3.000 pesos, le suspendieron la pensión», relató Escudero. «Esos son los casos que vemos todos los días».

Además, Escudero hizo hincapié en la situación de los trabajadores del CAL: «Estamos sumamente preocupados por dos cuestiones. En primer lugar, porque al estar aquí desde hace tantos años conocemos en profundidad la mayoría de los casos, las familias y sus realidades, y hemos acompañado el proceso de tramitaciones, entonces hay un ida y vuelta muy grande. En ese sentido, queremos que ser revierta la situación y que vuelvan a percibir sus pensiones. Por otro lado, la preocupación atañe a nuestro trabajo. Nosotros somos trabajadores precarizados, es decir, el 90% de los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones del país no somos de plantas permanente. Venimos con contratos anuales, a través del artículo 9. Y lo que nosotros evaluamos, con este recorte que se está haciendo es que, obviamente, si tenés un universo de pensionados que se reduce drásticamente, obviamente va a haber personal que va a estar sobrando. O sea, lo que nosotros vemos en el horizonte, es un futuro recorte. Que tiene que ver también con una política de achicamiento y de ajuste de los diversos organismos estatales.

Acciones y convocatoria

Desde distintas organizaciones están llamando a presentar amparos y a movilizarse masivamente contra la injusta suspensión de las pensiones.

Rosana Martins señaló que ya «están realizando los trámites para presentar los amparos correspondientes que dejen sin efecto esta medida» y convocó a toda la sociedad a movilizar para que se dé marcha atrás con este tema. La convocatoria es para esta tarde a las 19 en el Monumento Nacional a la Bandera. «No hay que bajar los brazos, no hay que dejar que nos saquen las pensiones. Hay que presentar recursos de amparo y pelear».