Por Marina Vidal
Las dos caras del encierro; cuando conviven presidiarios y pacientes de salud mental puede ser una fórmula preocupante. Esto sucede hace semanas en el Hospital Agudo Ávila, de Suipacha y Santa Fe, donde además de atender a pacientes con el diagnóstico correspondiente y que cumplen el protocolo, los profesionales deben lidiar con detenidos que no están correctamente prescritos y con la violación del protocolo de Salud Mental. No sólo el cuerpo médico tiene que pugnar con esta circunstancia, una enfermera dialogó con Conclusión y calificó la situación de «preocupante y peligrosa».
Esta mañana, trabajadores del efector, nucleados la mayoría en Upcn, realizaron una movida frente a la institución para reclamar por este conflicto y pedir a las autoridades judiciales que reviertan la situación.
Por otro lado, personal de ATE Rosario, no se sumó a la medida de Upcn por no adherir con la modalidad pero no quedan afuera de la problemática ya que hace mas de un mes que emitieron un comunicado ( ver el comunicado haciendo click) visibilizando esta situación y pidiendo que su regulación. Tal escrito fue contestado por el entonces director José Luis Aguirre quien más tarde renunció.
Conclusión dialogó con los representantes de ambos gremios para conocer sus posturas, pero, sobre todo para conocer de cerca la situación que se vive dentro de la institución.
Laura Coll es trabajadora social, coordinadora del dispositivo del centro cultural del Agudo Ávila y delegada de ATE. La profesional aclaró que no se unieron a la medida que realizaron esta mañana algunos profesionales porque no adherían a la modalidad y considera que se deben aclarar ciertos posicionamientos.
«El conflicto se instaló dentro de la institución en julio, a partir de una posibilidad de la instalación de un servicio penitenciario dentro de la misma. Si bien esto no ocurrió formalmente hay detenidos que tienen que ser asistidos«, comenzó describiendo.
Y agregó: «Se que las autoridades han tomado cartas en el asunto y si bien no tengo certeza de que no fuera ocurrir nosotros presentamos notas y pedimos audiencias».
Cabe aclarar que ambos profesionales consultados coinciden en destacar la actitud del Ministerio de Salud y la Secretaria de Salud Mental no están de acuerdo con la situación que se vive dentro del hospital y han presentado amparos a la Fiscalía.
«La situación del hospital es complicada, hace unas semanas renunció el director y si bien no podemos afirmar que sea por este conflicto, sabemos que de la institución está todo muy encadenado. La presencia de los de los convictos es una situación histórica dentro del hospital, el cual tiene una función asistencial de la cual no puede correrse. El punto que instalo el reclamo es que nosotros como profesionales no podemos negar la atención a ningún paciente sea cual sea su condición. Si la persona que necesita asistencia está atravesando un una detención y cumple con el protocolo interno no traería conflicto. Ahora bien, lo que ocurrió es que hubo abusos de poder en cuanto se trasgredió el protocolo interno de la institución que habilita los modos de ingreso de personal de custodia sin armas y sin uniforme«, explicó Coll.
La delegada explicó que hace un tiempo subió la demanda del servicio penitenciario y la policía concurría haciendo caso omiso a la normativa.
«Hay que distinguir que acá se tiene que atender a toda persona que tiene criterio de internación o criterio de atención en Salud Mental. Esto es indiscutible; nosotros no somos quién para determinar si a un preso lo atendemos o no. Cuando comenzó el reclamo fue precisamente por la presencia policial con armas y uniformes y porque se pretendió obviar el criterio clínico dando atención a pacientes y dar lugar internaciones que no correspondían con el criterio clínico de Salud Mental«, detalló la asistente.
Coll sostuvo que trabajar en salud mental es «complejo y conflictivo» en sí mismo. Además-agregó- que se suma el abuso de poder y se pretende desconocer o quebrantar un protocolo.
«Cuando alguien que no entiende del tema busca solucionar una situación para el servicio penitenciario sin considerar si la persona está siquiera en condiciones de ser atendido con un tratamiento de salud mental», remarcó la delegada.
Y añadió: «Se hizo un gran trabajo a partir del equipo jurídico de la institución de empezar a trabajar directamente con los propios jueces que se encuentran a cargo de los casos de los presos y a su vez, tratar de instalar nuevamente los modos y el criterio adecuado «.
Por su parte, el coordinador de hospitales de zona sur, Juan Domingo Segueta, aclaró que Upcn hizo una movida en apoyo a los compañeros. «No fuimos al Ministerio porque ellos hicieron lo que debían hacer, evaluaron a los pacientes y decidieron que se les dé el alta. Incluso el ministro de Salud se reunió con el Ministro de Justicia por esta situación. Ahora depende de los jueces y juzgados que los vengan a buscar y los trasladen«, detalló.
El coordinador aclaró que llegaron a contar con ocho detenidos internados. Cuando los médicos de la guardia los evaluaron, «no tenían los criterios médicos pero no se los podían llevar por orden judicial». «Esta situación se da desde hace tres semanas. No es que se nieguen a atender, sino que se tienen que atender a los pacientes, más allá de su condición de estar privados de la libertad, que tengan el diagnóstico médico correspondiente«, puntualizó Segueta.
Además, el dirigente manifestó que en este momento hay cinco detenidos internados; cuatro de ellos tienen el alta médica la cual fue notificada a los miembros del juzgado y los jueces «no los mandan a buscar«. «Nos encontramos con que los jueces pasan por arriba a los médicos y profesionales y los internan sin una previa evaluación clínica», remarcó.
En tanto, subrayó que esta situación «no da para más«. «Tener a estos detenidos significa tener custodios adentro. Los custodios de civil, los detenidos de civil, los pacientes del Agudo de civil, hombres y mujeres, todos metidos en el mismo pabellón. Esto se traduce en que a ninguno se le brinda la atención que se merece y los que traen, rompen todas las normativas del servicio«, expuso Segueta.
El integrante de Upcn agradeció al Ministerio de Salud por presentar un amparo pero consideró que es la Justicia la que «no están a la altura de las necesidades de los profesionales de la salud».
«Todos los hospitales públicos están desbordados, al igual que los sanatorios privados debidos a la demanda y a la cantidad de gente que se quedó sin cobertura de obra social y vuelve al hospital público. En el Agudo Ávila se suman estos problemas diarios a la situación con los presos dentro de la institución, y los jueces no se dan cuenta que los trabajadores de salud estamos desbordados y estamos sufriendo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo», cerró.
Por su parte, una enfermera del hospital, sostuvo que es frecuente que ingreses pacientes con un «pseudo diagnóstico de una patología que no es verdadera».
«Los enfermeros estamos preocupados porque ese tipo de pacientes es mucho mas peligroso que el verdadero psiquiátrico. Son ellos, o sus cómplices, los que producen agresiones a la salida de nuestro trabajo«, declaró.
La empleada dijo que si bien el número de enfermeros es de cinco o seis por pabellón ( son 5 pabellones), los enfermeros «están preocupados por su seguridad física«.
En el Hospital Provincial también ocurre
Este es el paisaje en el Hospital Provincial, donde disponen salas con celdas para presos peligrosos. Los que no son de extrema peligrosidad se encuentran con una sola custodia policial en salas comunes y muchas veces esposados.
