El primer ministro francés, Manuel Valls, reconoció hoy que existe un «desacuerdo de fondo» con los sindicatos, sus tradicionales aliados, sobre la reforma laboral que su gobierno impulsa desde hace meses, pero dejó en claro que no cederá y pidió acelerar el debate en el Parlamento.
«No se va a retirar ese texto, ni a modificar su filosofía, ni a reescribir los principales artículos», adelantó el jefe de gobierno en una entrevista concedida al diario Le Journal du Dimanche, en medio de uno de los momentos de mayor tensión política que ha vivido su ejecutivo socialista.
El proyecto de reforma está siendo analizado en el Senado y el gobierno francés espera que pueda volver a la Asamblea Nacional, la Cámara baja, en la primera semana de julio.
Ante la falta de mayoría en la Asamblea Nacional, el oficialismo socialista utilizó un artículo constitucional para decretar la media sanción del proyecto de ley y pasar directamente al Senado.
Sin embargo, el texto sufrió varias enmiendas -ninguna estructural o beneficiosa para los trabajadores, según los sindicatos-, por lo que ahora la reforma debe volver a la Cámara baja, en donde Valls podría volver a recurrir al artículo 49.3 de la Carta Magna.
Uno de los principales puntos que los sindicatos y otros sectores organizados de la sociedad rechazan de la reforma laboral es que privilegia la negociación salarial intra empresa en vez de las discusiones por sectores productivos, más conocidas como paritarias.
«Hubo tiempo para el diálogo. La democracia social no es la expresión permanente de la contestación, es el respeto de los tiempos democráticos», dijo el primer ministro en la entrevista, citada por la agencia de noticias EFE.
Valls no sólo criticó a la oposición de derecha, que impuso la mayoría de las emiendas al texto de la reforma en el Senado, sino también a los sindicatos, que se mantienen en las calles desde marzo y que el martes pasado convocaron a una multitudinaria movilización en todo el país.
Pese a que evitó aclarar si el gobierno prohibirá y reprimirá todas las manifestaciones convocadas para los próximos días en coincidencia con la Copa Europa de fútbol, el premier pidió «responsabilidad» a los sindicatos.
«Teniendo en cuenta la situación, los altercados que ha habido, el atentado contra una pareja de policías pero también la celebración de la Eurocopa, los organizadores deberían anularlas ellos mismos», aseguró Valls sobre las próximas protestas convocadas para el 23 y 28 de junio.
De la vereda de enfrente, el secretario general de la CGT, Philippe Martínez, rechazó los argumentos del gobierno, quien sostiene que las marchas han sido violentas, y acusó a las autoridades de dar vía libre a grupúsculos de radicales para manchar a toda la protesta.
«Los policías hacen un buen trabajo, trabajan mucho. El problema que denunciamos son las órdenes que les han dado de no intervenir contra los violentos. Se quiere atribuir al movimiento social los problemas que hay al margen de las manifestaciones», denunció el líder sindical en una entrevista con la radio Europe 1.
Las palabras de Martínez provocaron una reacción inmediata en el gobierno francés.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, repudió la acusación del gremialista y aseguró que los policías saben que deben actuar «con firmeza absoluta contra los radicales» y con un «uso proporcionado de la fuerza para garantizar la seguridad de los manifestantes y hacer respetar el derecho a manifestarse».
Desde hace meses, el crucial vínculo entre los principales sindicatos del país y el gobierno socialista de Francia se deteriora gradualmente, un distanciamento que el oficialismo sin dudas sentirá el año próximo en las elecciones presidenciales.
