El sanatorio Gomara, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, y bajo la gerencia de la empresa privada Medicina Ambulatoria Sociedad Anónima (Masa), hace más de 20 días que se quedó sin las guardias, no funcionan los servicios médicos y no tiene pacientes.
En consecuencia, 66 trabajadores -enfermeros, camilleros, personal administrativo- temen perder su fuente de trabajo y hace meses que les deben sueldos atrasados, un bono de 2.500 pesos y otro de 2.000 pesos, sumado al aguinaldo y otras liquidaciones, como los aportes a la obra social y a las jubilaciones.
Además, más de 2.7000 jubilados y otros miles pertenecientes a otras obras sociales se han quedado sin el único centro de salud de complejidad de la región.
Bajo ese contexto, esta mañana el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, se reunió con los empleados y familias afectadas para analizar el panorama de situación y barajar posibles soluciones al conflicto.
«Vamos a defender y estar al lado de los trabajadores», arrancó el mandatario llevando tranquilidad a la audiencia congregada en la iglesia de la vecina localidad y agregó: «Haremos todo lo posible para que el policlínico siga funcionando».
Luego dio paso a los participantes para que aporten sus ideas y aclaró que «el gobierno provincial ya está en conocimiento del tema, por lo que mañana el senador provincial Miguel Cappiello se comprometió a recibir a dos delegados para estudiar el conflicto».
En tanto, el diputado provincial por el Frente Social y Popular Carlos del Frade, también presente en la reunión, dijo que enviará un proyecto a la legislatura y pedirá al gobierno nacional que no se pierdan las cápitas del Pami, porque «lleva a que empresarios corruptos se roben la plata de los trabajadores y se queden con todo».
Al turno de los trabajadores, el delegado del Sindicato de la Sanidad, Ricardo Neri Dosko, tomó la palabra y aseguró que los 66 trabajadores «atraviesan una cruda realidad que trasciende la posible pérdida de trabajo y que afecta a toda la ciudadanía».
Por eso destacó que se trata de una «clara responsabilidad que debe asumir el gobierno» y devolver así el servicio de salud en la zona.
Nueva audiencia
El último viernes se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial de la cual participaron representantes legales de la administración del nosocomio y dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Rosario y el Sur provincial (Atsa Rosario), donde se acordó un cuarto intermedio hasta hoy cuando las partes volverán a reunirse.
«Desde Gomara dicen que no tienen fondos para afrontar la situación después de la quita de cápitas del Pami, la situación es muy difícil”, planteó Marcelo Liparelli, secretario adjunto del gremio.
A modo de resolver el conflicto, dijo que “esperan encontrar una solución, que aparezca algún oferente y sino seguir con las acciones legales que ya fueron planteadas, de reclamar la solidaridad legal hacía los trabajadores y que se hagan cargo de los salarios adeudados e iniciar las acciones judiciales que correspondan, más allá de que aparezca algún oferente que quiera hacerse cargo del efector de salud”.
Masa
La gerenciadora posee cuatro efectores en Rosario y la región: la clínica de Urquiza al 1700; la explotación del Policlínico Gomara de Villa Gobernador Gálvez, el Instituto Médico Regional de San Lorenzo y una clínica en Capitán Bermúdez.
Los dos primeros son “los de mayor conflictividad”, estando en riesgo laboral unos 150 trabajadores. “Ambos efectores están sin actividad alguna porque no solo no se ha pagado a personal no médico sino también no se pagó a los médicos”, precisó el dirigente gremial de Atsa Rosario, Marcelo Liparelli.
Trabajadores de la Clínica Gomara ratifican sus conflictos laborales
