“La destitución al presidente del instituto que promueve el cine ha expuesto las intenciones del presidente Mauricio Macri, junto con sus ministros, para manejar sus fondos y poner en riesgo la amplia oferta de contenidos que tiene la producción cinematográfica”.

Así lo sostiene el periodista Leandro Roos, en una nota que publicó el portal stripteasedelpoder.com, y en la cual expresa que “el cine argentino estrenó involuntariamente su propia función dentro del amplio espectáculo de las políticas y ribetes del gobierno macrista. En estos momentos –agrega el autor de la nota-, en diferentes puntos del país, distintos conjuntos del ámbito cinematográfico vienen manteniéndose en vilo, y con la retaguardia, a la hora de lo que puede llegar a pasar de ahora en más en este conflicto que se viene dando en las instituciones que regulan la producción audiovisual”.

El fantasma del ajuste

Con respecto a las renuncias y denuncias contra el saliente presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, como la salida del rector de la Escuela de Realización y Experimentación Cinematográfica (ENERC) Pablo Rovito -institución educativa que está dentro de la órbita del INCAA-, dice Ross que “han exaltado los nervios de distintos trabajadores dedicados al ámbito cinematográfico, por el fantasma del ajuste le toque la puerta al cine local”.

Recuerda más adelante que a nivel formal, el conflicto arrancó el 12 de abril pasado, cuando el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, presentó un pedido de investigación contra Cacetta, desde adentro de los pasillos de la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso. “Las sospechas son por inconsistencias en los gastos que no tendrían justificación por el concepto por el que se hicieron, y también gastos grandes en relación a publicidad que podrían ser irregulares, además de erogaciones que aparecen desdobladas”, señalaron fuentes directas a la agencia Télam en ese entonces.

Primer caso

El expediente pretende verificar si hubo algún delito, con lo cual quedaría abierta una causa por parte de la Justicia Federal. Se trata del primer caso del gobierno macrista que denuncia a uno de sus funcionarios por corrupción.
Ross asegura que “se sabe, desde adentro del ámbito del cine, que las diferencias que hubo entre Cacetta y los funcionarios macristas de paladar negro fue su negación a llevar a cabo una reducción del personal. En particular, a los que fueron designados por el gobierno anterior. Ya las autoridades nacionales han desmentido que todo esto sea por la búsqueda de recortar los fondos al cine. Sin embargo –agrega-, el suspenso se mantiene intacto dada la actitud del Gobierno de tratar de recortar egresos por donde esa, como se puede ver con
el conflicto docente, y ahora con las pensiones no contributivas y graciables”.

Amplia preocupación

Con respecto a repercusiones a partir de los sucedido en el INCAA, señala que “a pesar de que los medios de comunicación difunden más la preocupación de los cineastas, actores y actrices -es decir, del sector artístico- hay que decir que también los circuitos de la crítica de cine han explayado su preocupación. Uno de los documentos firmados es el de los que organizan el FIPRESCI, la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, filial Argentina.

“En la misma –explica-, se repudia los acontecimientos recientes y exige el respeto por la autarquía del Incaa. La declaración es acompañada por una lista de críticos de cine, que también incluye a pensadores anti-kirchneristas y que han tenido cierta sintonía con el gobierno actual, como son los casos de Gustavo Noriega y Quintín”.