El gobierno de Michel Temer reconoció la importancia de las protestas para pedir la renuncia del presidente de Brasil, pero advirtió que no habrá cambios en el ajuste económico previsto, mientras el opositor Partido de los Trabajadores anunció que denunciará la represión policial ante la comisión de derechos humanos de la OEA.
La agenda brasileña giró en torno a la masividad de la manifestación opositora del domingo, con unas 100 mil personas según los organizadores, y de la represión policial con la que finalizó la marcha, cuando hubo disparos de granadas de gas lacrimógeno y bastonazos.
En una corrección de la evaluación del gobierno de Temer, quien había minimizado las protestas al decir que «eran 40 personas, un grupo mínimo», el ministro de Economía, Henrique Meirelles, desde China reconoció que la manifestación «fue sustancial» y destacó que el país «está bajo el estado democrático».
Para Meirelles, la manifestación en reclamo de «Elecciones Directas Ya» y con la consigna «Fuera Temer» no bloqueará su plan de ajuste fiscal y las reformas jubilatoria y de las leyes laborales.
«Lo importante es mostrar que el ritmo de la conducción del ajuste económico está en marcha y que no sufrirá ningún cambio de rumbo. Los desempleados que están en la calle son mucho más que estas 100.000 personas que se manifestaron», subrayó Meirelles, al margen de la cumbre del G-20.
Temer, quien era vicepresidenete de Dilma Rousseff, a quien comenzó a combatir políticamente e incluso trabajó para apoyar su destitución en juicio político, tiene como principal aliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del canciller José Serra, fuerza que gobierna el estado de San Pablo con el gobernador Geraldo Alckmin.
La policía del estado de San Pablo quedó en el medio de la mirada nacional por la represión al final de la manifestación, que incluyó ataques de gas pimienta a los parroquianos de los bares del barrio de Pinheiros, en la zona oeste de San Pablo.
En Brasil, hay dos polícías por estado, más la federal, que depende del gobierno nacional: la policía militarizada, que patrulla las calles y es la fuerza de choque, y la policía civil, encargada de las investigaciones.
Uno de los líderes de la manifestación del domingo fue el senador del PT Lindbergh Farias, famoso por haber dominado la defensa de Rousseff en la cámara alta.
Farias y el diputado Paulo Teixeira, más los movimientos sociales que patrocinaron la marcha, anunciaron que demandarán ante la OEA a la policía militarizada de San Pablo.
«No podemos callarnos sobre lo que vivimos. Hay una escalada de violencia en marcha contra quien sale a las calles. Ellos quieren pasar la imagen de confrontación comenzando a reprimir», dijo.
Teixeira, en conferencia de prensa, sostuvo por su parte que la denuncia a la OEA se produce porque la fiscalía del estado de San Pablo se niega a actuar de oficio contra la policía millitarizada.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reclama hace años a Brasil eliminar la figura de la policía militarizada, heredada de la época de la dictadura militar, cuando los estados formaron unidades de choque antimotines al servicio de la policía política de aquellos años.
El gobierno del estado de San Pablo divulgó un comunicado defendiendo el accionar de la policía al afirmar que se habían roto algunos molinetes de una estación del metro.
En total, fueron detenidas 26 personas, de las cuales este lunes habían sido liberadas diez.
De los 16 que permanecían detenidos, diez son menores de edad que fueron llevados a correccionales acusados de asociación ilícita. Los adultos fueron acusados de corrupción de menores, supuestamente por usar a estos como fuerza de choque en una protesta, pero estos arrestos fueron realizados antes de la manifestación.
«Nadie fue detenido haciendo nada. Los detuvieron por las dudas. Tenían máscaras y vinagre para protegerse y no tenían piedras», comentó en conferencia de prensa el abogado Marcelo Feller, defensor de cinco detenidos.
Por su parte, el líder del Consejo Paulista de los Derechos de la Persona Humana, Ariel de Castro Alves, pidió al gobernador Alckmin investigar la denuncia de que la policía «plantó pruebas» para incriminar a los manifestantes, en la séptima protesta seguida en una semana con la consigna «Fuera Temer».
En el marco de la oposición a Temer, el sindicato de bancarios anunció hoy una huelga por tiempo indeterminado en entidades públicas y privadas en reclamo del aumento salarial anual: los trabajadores piden un 14,78% de aumento y la Federación de Bancos (Febraban) ofreció el 6,5%.
Foto: Andre Penner
