El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió hoy confirmar las condenas por la tragedia ferroviaria de Once contra el maquinista Marcos Córdoba y el ex secretario de Transporte Juan Pablo
Schiavi, en tanto que reclamó elevar la que le fuera impuesta a Ricardo Jaime.
«Surge palmario el conocimiento de Jaime acerca del deterioro sufrido por el material ferroviario otorgado en concesión a la empresa TBA SA, sin que se adviertan por su parte medida alguna tendiente a resguardar su integridad, lo que le era exigible conforme las obligaciones asumidas», sostuvo el fiscal, al presentar su dictamen ante la Sala III de Casación.
En una resolución de 450 carillas y previo a que el Tribunal resuelva, el fiscal Pleé también reclamó que se revoquen las absoluciones a favor del empesario Mario Cirigliano y los ex jefes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sicaro.
Pidió que tanto el empresario como los exfuncionarios fuesen condenados por «defraudación por administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de una administración pública y estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones»-
«El organismo de contralor era la CNRT -cuyos funcionarios permitieron con su pasividad y su omisión de emplear el rigor que su cualidad de funcionarios públicos lo ameritaban, la facilitación de la prosecución de la actividad defraudadora emprendida por los representantes de TBA S.A», añadió el fiscal.
Para todos los casos, Pleé solicitó que de superar el límite de los tres años de prisión y en caso de quedar firmes las condenas, las mismas deben empezar a cumplirse, algo que implica un cambio rotundo pues hasta el momento los casi treinta imputados permanecen en liberad pese al fallo impuesto por la Justicia a fines de 2015.
Jaime fue condenado a seis años de prisión por la defraudación en el manejo de subsidios que recibió la concesionaria TBA, que explotaba el tren Sarmiento, pero para el fiscal también incurrió en el delito de estrago culposo por el cual fue absuelto en juicio.
«No caben dudas que los imputados Jaime y Schiavi, se encontraban en posición de garantes frente a los bienes jurídicos tutelados, en tanto fueron designados en el cargo de Secretario de Transporte desde el día 28 de mayo de 2003 hasta el 1 de julio de 2009 y el 1 de julio de 2009 hasta el 7 de marzo de 2012, respectivamente», según Pleé.
En ese sentido, explicó que «en modo alguno permite sustraer a Jaime y a Schiavi de los deberes institucionales de controlar, que como Secretarios de Transporte, frente al bien jurídico debían resguardar».
Respecto a los empresarios, entre ellos Cirigliano, el fiscal consideró que «fijaron como política empresarial de aquélla la no realización de las tareas de mantenimiento a cargo de la empresa, dejándose sin ejecutar los programas que a tal fin se encontraban obligados a cumplir».
Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal está en condiciones de resolver si confirma o no las condenas.
