En la frontera Argentina con Bolivia se venden niños por 5.000 pesos, reveló un informe de 2016 del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la diputada Carla Carrizo presentó un proyecto que busca crear una Agencia Nacional de Búsqueda de Personas a fin de combatir la problemática.
La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a Cambiemos adelantó el proyecto en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemoró este viernes. La iniciativa de la legisladora propone que dicha agencia esté compuesta por personal con formación en Derechos Humanos y funcione como órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, para abocarse a centralizar todas las búsquedas y entrecruzar la información de las personas con paradero desconocido.
Algunas de las medidas a tomar en el campo son organizar un Sistema Federal de Búsqueda de Personas articulada con el Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad Federales, Provinciales y Municipales y las ONG; realizar campañas de información y concientización sobre el tema; así como también crear una línea telefónica y un portal de Internet para atender las denuncias.
La trata es un flagelo creciente en nuestro país y los números son alarmantes, ya que hay miles de personas desaparecidas y, en contraste, sólo 153 condenadas por este tipo de delito.
Según un informe sobre trata en la frontera argentino-boliviana, niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera por cinco mil pesos. Durante 2010 pasaron 25 mil menores de los cuales sólo retornaron siete mil. Es decir que unos 18 mil niños bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual.
«En la actualidad, alrededor de 900 menores de edad cruzan por día la frontera norte de nuestro país de forma irregular. En Argentina hay más de 6 mil personas siendo buscadas y ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra podría ser mayor», sentenció Carrizo.
«A pesar de estos alarmantes datos, solamente 153 personas fueron condenadas por trata de personas en la Argentina», se lamentó. La dirigente radical insistió en que «si bien las campañas públicas tratan de disuadir el consumo, es decir interpelar a la demanda de esta red delictiva, el foco también debe ponerse sobre el sistema actual de información y registro de personas buscadas para agilizar la respuesta estatal y evitar los daños», expresó la funcionaria.
