Los trabajadores del INTA denunciaron un recorte de 1140 millones de pesos en el presupuesto 2017, un preanuncio del cambio de modelo para el organismo. De los números surge que buena parte de la poda de recursos, 218 millones, corresponden a salarios. Peligran más de 630 puestos de trabajo, asistencia a productores y proyectos estratégicos.
De acuerdo a un comunicado del gremio Apinta, la disminución de la masa salarial de profesionales y científicos supone una amenaza concreta para 300 contratos y 330 trabajadores de la planta no permanente. A ello se suman unos 340 becarios en formación que no podrán ser incorporados, lo que afectará el mantenimiento de la planta profesional, tanto la creación de nuevas áreas de trabajo como el reemplazo de las vacantes por jubilaciones.
Aunque el sector agropecuario se encuentra entre los elegidos por la administración de la Alianza PRO, que favoreció principalmente al sector exportador apenas asumió el gobierno, principalmente vía la devaluación y, especialmente, la eliminación parcial de retenciones, también parece estar en curso un cambio de modelo más profundo hacia el interior del sector.
