Por David Narciso
“Una colega tuvo que prorrogar por un año la prisión preventiva de un detenido por un delito grave porque venció el plazo original de dos años que establece la ley. Nos empieza a pasar que los fiscales no dan abasto, se estiran los tiempos y se acumulan presos».
El dato lo comenta un juez de Cámara en el contexto de una conversación donde se debatía sobre el giro del gobernador a favor de que la Policía y la Justicia provincial se involucren en los delitos de comercialización de estupefacientes a pequeña escala sorprendió a propios y extraños.
“Hoy en Rosario hay 150 juicios orales penales listos para realizarse que están parados porque no hay disponibilidad de salas de audiencias o jueces. Hoy ya no alcanzan, imagínese si además agregamos los casos de narcomenudeo”, completa el magistrado.
El gobernador decidió impulsar la ley que desfederaliza el delito de narcomenudeo sin consulta previa al Poder Judicial a pesar de que fiscales, jueces penales y defensores serían los operadores que lo llevarían a la práctica.
Hubo un contundente rechazo de la Corte Suprema a través de los jueces Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta. El senador Lisandro Enrico y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro poco más que los mandaron a lavar los platos: “Los jueces están para hacer cumplir la ley, no para hacerlas”. Pullaro es reincidente en esto de pelear a los jueces, probablemente descubrió, con la ayuda de las encuestas que encarga la Casa Gris, que le reporta rédito.
También la cabeza del Servicio Público de la Defensa Jaquelina Ballangione se expresó en contra de desfederalizar. El gremio de trabajadores judiciales y buena parte de los fiscales federales hicieron lo propio a título personal.
La nota disonante fue el jefe los fiscales de la provincia, Jorge Baclini. Se manifestó a favor, pero aclaró que no todo el Ministerio Público Fiscal tiene la misma opinión. El posicionamiento hizo ruido, porque el MPA está desbordado, al punto que desde comenzó a funcionar en febrero de 2014 todavía no pudo asumir por falta de capacidad los casos de la Justicia de Menores y la de Faltas, a pesar que lo manda el Código Procesal Penal reformado y lo ratificaron fallos posteriores.
Más allá de sus convicciones personales, es probable que Baclini vea en hacerse cargo de investigar los delitos de narcomenudeo una oportunidad para lograr que le asignen más recursos humanos y logísticos. Apuesta a huir hacia adelante. Hay quienes creen que es un salto al vacío. Además, desde la aplicación del nuevo Código procesal, la Justicia penal ha recibido recursos económicos, edilicios y humanos como nunca en su historia. Mientras tanto la Justicia laboral permanece colapsada y la civil y comercial, también embarcada en una reforma estructural, comenzará a demandar fondos.
El frente político
Hasta ahí la repercusión en el frente judicial. En el frente político, Lifschitz comunicó su cambio de opinión sobre el tema durante el mensaje a la Asamblea Legislativa el 1° de mayo. Fue un golpe de efecto estudiado para evitar que toda la atención y repercusiones se concentrasen sobre la reforma constitucional, pero sorprendió incluso al interbloque oficialista que hasta ahí no había sido formalmente avisado de que se impulsaría tan controvertida iniciativa.
La suerte que tenga el proyecto en la Cámara de Diputados es incierto por varias razones. El oficialismo tiene mayoría pero las opiniones están divididas a favor y en contra. El socialismo en particular siempre lo rechazó, motivo por el cual el propio Lifschitz votó en contra del proyecto cuando era senador. Su giro de estos días deja en falsa escuadra a su partido y fuerza a rediscutir posiciones.
El diputado Joaquín Blanco reconoció que el tema “fue una novedad” que el gobernador dio en su discurso ante la Asamblea Legislativa y valoró que asuma el desafío. No fue así para el senador Enrico y el diputado y presidente de la UCR Julián Galdeano, convocados por el ministro de Justicia a mediados de marzo.
Blanco dijo que están a la espera de la propuesta del Ejecutivo pero adelantó el piso mínimo para habilitar el debate: “No puede suceder que por investigar un delito menor se corte la investigación o se evite llegar más profundo, a los verdaderos narcotraficantes. Creemos que es una herramienta que puede tener el MPA, abordado con una policía específica y en coordinación absoluta con la Justicia federal”.
En la Cámara alta, senadores justicialistas que en anteriores oportunidades votaron a favor de desfederalizar están revisando sus posiciones. Argumentan, en coincidencia con la mayoría de sus pares diputados, que las experiencias hechas en otras provincias no aportaron soluciones sino nuevos problemas.
¿Quiere Lifschitz realmente asumir el combate del escalón más bajo del narcotráfico o fue para la tribuna? El gobernador y su gabinete defienden y se muestran decididos a intervenir ante una demanda real que hasta hoy es responsabilidad de la Justicia y las fuerza de seguridades federales, pero el hecho de que el proyecto no haya tenido previa coordinación legislativa ni judicial pone en duda su concreción.
Por lo pronto puso la pelota del lado de la Cámara de Diputados. Una cosa es frenar un proyecto de la otra cámara y otra del gobernador. Cabe recordar que justificó su cambio de posición en una suerte de sentido común que demanda a los gobiernos “hacer algo” ante la falta de respuesta federal. Además presionan senadores, buena parte de la UCR e instituciones intermedias, desde el Foro Regional Rosario hasta vecinales.
A su vez, los precandidatos a gobernador de la oposición se preparan para salir a instalarse apenas Argentina termine su participación en el Mundial, y se sabe que exprimirán el tema seguridad y narcotráfico. La iniciativa de Lifschitz pretende mantenerlo a cubierto de los reproches.
“Yo lo intenté, pero no me dejaron”, parece el metamensaje en caso de no prosperar. El Ejecutivo se le adelanta a los opositores y les disputa una herramienta de campaña que podría tener eco entre los ciudadanos de a pie que, se dice, “sólo quieren soluciones” y no entran en valoraciones del tipo que “la ley es inconstitucional”, que implica “poner el lobo a cuidar el gallinero” o que “lo único que se va a lograr es llenar las cárceles de pibes pobres”.
