Tras denuncias de corrupción, entidades rosarinas piden suspender las auditorías a pensiones por discapacidad

La Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) pidió que se suspendan las auditorías y que se restituyan las pensiones que fueron dadas de baja, mientras avanza la investigación de un presunto hecho de corrupción que salpica al gobierno de Javier Milei.

La olla se destapó días atrás, cuando se filtraron audios que serían del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en donde denunciaba que funcionarios de distintas líneas, incluida la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, sobornaban a los laboratorios en la compra de medicamentos. El hecho cayó como un balde de agua fría en el sector, que viene alertando por recortes desde hace tiempo y cuestionando las auditorías que Casa Rosada realizó a quienes reciben las pensiones por discapacidad.

En diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, la integrante de Apridis Julieta Cola apuntó: “Justo cuando estamos trabajando para que se apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad, aparecen estos audios que nos sorprenden y nos generan más incertidumbre de la que ya veníamos teniendo. Solicitamos la transparencia de estos hechos que se están denunciando, que pueda intervenir la Justicia para aclararlo y en el mientras tanto pedimos la suspensión de las auditorias y que se pueda reparar a aquellas personas que han perdido la pensión en este tiempo, que les vuelvan a dar esta asistencia mientras esto se ordena y se aclara”.

Por su parte, la también integrante de Apridis, Valeria Contini, cuestionó las auditorías de Casa Rosada: “En muchos casos no han llegado las cartas documento, Andis a veces no ha respondido a las consultas. Mucha gente ni siquiera se enteró que fue citada y no se presentó a la auditoría, porque no llegó la carta o llegó a un domicilio desconocido. Hay nuevos audios que dicen que esta situación fue adrede. No tenemos datos concretos de cuántas pensiones se han perdido, pero mucha gente dejó de cobrar”.

Y añadió: “La pensión es de $300.000, para muchas familias es una gran ayuda. Una vez que se pierde la pensión, si no tienen obra social, pierden las prestaciones de centros de día, rehabilitación y transporte. No estamos en contra de la auditoría, pero sí de que se haga en estos términos, donde la información no llega correctamente a las familias”.

“Tememos que esta situación empeore la cadena de pagos, eso sería un gran problema”, completó la integrante de Apridis, quien anunció que posiblemente el 4 de septiembre el Senado trate la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad –que fue vetada por Milei, pero aprobada nuevamente por la Cámara de Diputados días atrás–, pero para que la misma prospere se necesitan al menos dos tercios de los votos.

Por su parte, Cola concluyó: “La situación es compleja porque tenemos que tomar una posición para sostener a las personas con discapacidad y, a su vez, estamos afectados por las mismas políticas. Lo bueno de todo este tiempo es que la sociedad pudo conocer lo que está pasando”.