El Gobierno comenzó el Proceso de Privatización de Corredores Viales
Mediante la Resolución 1284/2025, el Ministerio de Economía formalizó la privatización de la empresa estatal que administra más de 3.400 kilómetros de rutas nacionales. Este paso se enmarca dentro de la política de privatizaciones impulsada por la gestión de Javier Milei.
El Gobierno nacional dio marcha en su agenda de privatizaciones este lunes 1 de septiembre, al anunciar el inicio del proceso de traspaso a manos privadas de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la administración de unos 3.400 kilómetros de rutas nacionales. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, un avance clave en la política económica del presidente Javier Milei.
La privatización de Corredores Viales S.A. se fundamenta en la Ley 27.742, conocida como la «Ley Bases», que establece que la compañía debía ser traspasada al sector privado. Este proceso se complementa con los decretos reglamentarios 695/2024 y 97/2025, que delinean las pautas y procedimientos para la transferencia. Según lo dispuesto, la privatización se llevará a cabo bajo la supervisión del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas».
El proceso de privatización implica la extinción de los contratos de concesión existentes en varios tramos de rutas, que hasta ahora eran gestionados por Corredores Viales S.A. De acuerdo con lo aprobado por el decreto 97/2025, los contratos de concesión de los Tramos I a V, Tramo VI y Tramos VII a X serán resueltos por mutuo acuerdo. Además, el traspaso no contempla ningún programa de propiedad participada, ni se ofrecerán preferencias a los actuales concesionarios.
Por otro lado, el Gobierno dispuso que todos los procedimientos relativos a esta privatización se gestionen a través de la plataforma CONTRAT.AR, como se establece en el decreto 416/2025, lo que garantizará la transparencia y el cumplimiento de las normativas correspondientes.
La empresa que está en manos de Gobierno administra los siguientes tramos:
- I RN 34 y RN 9 (Santa Fe–Santiago del Estero) 327,11 km
- II RN 188 (Pergamino–Empalme RN 7) 90,01 km
- III RN 12 y RN 16 (Empalme RN 123–Posadas) 464,85 km
- IV RN 8, RN 36 y A005 (Pilar–Villa Mercedes) 665,96 km
- V RN 19 y RN 34 (Santo Tomé–Río Primero) 280,20 km
- VI RN 9, RN 193, RN 34, A008 y A012 214,52 km
- VII RN 3, RN 226 y RN 205 (Ezeiza–Cañuelas) 245,26 km
- VIII RN 7 (Luján–Límite Córdoba/San Luis) 590,74 km
- IX Acceso Ricchieri & Ezeiza–Cañuelas 13,86 km
- X RN 5 (Pascual Simone–Santa Rosa, La Pampa) 538,65 km
La resolución establece un plazo máximo de doce meses desde la vigencia de la medida para concretar la concesión de los tramos de la red vial y proceder a la disolución y liquidación de la empresa estatal.
Asimismo, la Secretaría de Transporte deberá elaborar y tramitar toda la documentación técnica, licitatoria y contractual, con la intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que podrá solicitar apoyo técnico y operativo a Corredores Viales SA.