Bullrich exige allanamientos a los periodistas que difundieron los audios de Karina Milei

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra los periodistas que difundieron los audios que tienen en vilo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y pidió que la Justicia disponga allanamientos en sus domicilios. Distintos comunicadores advirtieron que este accionar representa un grave ataque a la libertad de expresión y, además, un acto de censura que busca frenar la crisis interna que existe en el Gobierno.

La denuncia del Poder Ejecutivo por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, subrogado por el juez Ariel Lijo y con Carlos Stornelli de fiscal.

En dicha presentación realizada por Fernando Soto, el abogado del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, se reclama que se ordene «allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’, disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material».

Cabe recordar que Carnaval Stream es el medio en el que el periodista Mauro Federico difundió los audios en los que el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, describió el funcionamiento de una supuesta red de coimas que tendría a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha Eduardo ‘Lule’ Menem como principales beneficiarios.

Las presentaciones judiciales contra dicho medio aparecieron luego de que trascendiera que el equipo periodístico de ese espacio también tiene en su poder grabaciones en las que se escucha a la propia hermana del presidente, Karina Milei.

Fragmento de la denuncia impulsada por Patricia Bullrich contra la prensa.

En este escenario, el Gobierno salió a querer instalar que las filtraciones derivan de una supuesta «operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral». Los argumentos que sustentan dicho planteo son nulos o, como mínimo, simples suposiciones.

«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», insistió el vocero presidencial Manuel Adorni, quien igualmente no expuso ninguna prueba que sustente sus afirmaciones.

Bajo esas consideraciones, el Ministerio de Seguridad reclama en su denuncia que se dispongan «allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos».

Y añade: «A medida que la investigación identifique otros nodos de producción o almacenamiento del material ilícito deberán librarse ulteriores órdenes de allanamiento y secuestro».