La Justicia rechazó el uso de la fuerza pública del Congreso para citar funcionarios
Es dable pensar que los miembros de la Comisión investigadora de la critoestafa que roza la figura presidencial, su hermana y a otros funcionarios se verá obligada a apelar la decisión judicial, y estudiar una nueva estrategia.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este martes el planteo de la comisión investigadora de la criptoestafa $Libra que solicitó la comparecencia por medio de la fuerza pública de cuatro funcionarios ante la Cámara baja. El magistrado calificó el pedido como “improcedente” y sostuvo que su juzgado no tiene competencia para ordenar ese tipo de medidas.
Así lo resolvió Martínez de Giorgi en su primera resolución desde que asumió la causa judicial vinculada al caso Libra, y argumentó que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión parlamentaria extienda sus atribuciones mediante normas internas, sin respaldo legal.
La esoliución judicial cobrará centralidad en la reunión prevista para este martes a partir de las 16 de la comisión presidida por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), tiene en agenda definir los pasos a seguir, y que podrían revelar a los legisladores de la Comisión investigadora, a incluir una apelación ante la Cámara Federal y la elaboración de un informe parlamentario.
Es indudable que esta decisión favorece directamente a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Paulo Starc (Unidad de Información Financiera), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia) y Roberto Emilio Silva (Comisión Nacional de Valores), quienes decidieron en su momento no asistir a las citaciones legislativas. También representa un alivio para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ausentó en dos oportunidades ante la misma comisión.
El funcionario judicial, asumió la causa junto al fiscal Eduardo Taiano, luego de que la jueza María Servini declinara su competencia en favor de Martínez de Giorgi, tras un breve conflicto jurisdiccional con Sandra Arroyo Salgado.
El magistrado fijo posición sobre el sobre el fondo de la causa y advirtió que «obligar a funcionarios a declarar podría vulnerar el principio de no autoincriminación y constituir una intromisión en facultades exclusivas del Poder Judicial», lo que atentaría contra los principios de legalidad y juez natural.
La semana pasada la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra se reunió y resolvió que a través de la Secretaría Parlamentaria se comuniquen con la Secretaría General de Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, para consensuar una fecha de citación. Es oportuno recordar que estaba citada a esta reunión, pero esta vez no hubo justificativo sobre su ausencia.