Monzón: «Andreani y las licitaciones de la Andis prueba que los negocios están encima de los derechos»

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un pedido de informes que tuvo dictamen favorable en la Comisión de Discapacidad sobre «la contratación, distribución y logística utilizada en las notificaciones de pensiones por discapacidad».

Lo cierto es que a comienzos de septiembre, se supo de casi un millón de cartas documento enviadas. No llegaron a 500 mil las que fueron recibidas por el destinatario y 111,463 pensiones en discapacidad quedaron en suspenso, según lo reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su exposición ante el Congreso.

La legisladora de Unión por la Patria, precisó que existen numerosos informes que «señalan que miles de telegramas y cartas documento fueron mal distribuidos, devueltos, enviados a domicilios incorrectos o nunca llegaron a destino».

La parlamentaria consideró que se trata de un tema «muy sensible» y contó que tomo conocimiento de una pensión que se dio de baja a raíz de una notificación que no llegó, «esto es mas que una transición administrativa, porque aunque se pueda lograr la restitución a través de medidas cautelares».

«Ya no hay tiempo de reparación porque la enfermedad avanzó y esta persona falleció, todo lo que podamos hacer en esta instancia como legisladores resulta poco, ante esta triste realidad», expresó Monzón.

En la misma línea, contó que con distintas «organizaciones sociales y de derechos humanos advirtieron que no se implementaron protocolos de accesibilidad adecuados».

Monzón señaló que «la participación de Andreani Logística S.A. fue objeto de críticas por los costos involucrados y por la falta de transparencia en el procedimiento de adjudicación».

«Hubo una licitación publica nacional número 483/0002, cuyo objeto fue -figura en el portal Comprar- contratación de los servicios logísticos necesarios para la distribución de envíos postales en todo el territorio nacional», y agregó «falta información y detalles, tiene sabor a poco bajo la Ley de Acceso a la Información Pública»,apuntó en tono crítico la legisladora.

Por último la diputada Monzón manifestó que «las personas con discapacidad no pueden ser rehenes de un Estado que, por acción u omisión, las expone a la pérdida de un derecho esencial como es su pensión».