La CGT celebra el fallo judicial que hizo fracasar y enviar al olvido el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional
La central obrera saludó el fallo del juez Martín Cormick que suspendió la resolución 943/2023 de Patricia Bullrich y advirtió que seguirá defendiendo el derecho a la protesta “en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este lunes su satisfacción y conformidad ante el fallo judicial que dejó sin efecto el controvertido «protocolo antipiquetes» impulsado por quien fuera hasta hace poco la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich.
En un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional, la central obrera destacó la decisión del juez Martín Cormick, quien ordenó suspender la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad.
Esta norma establecía restricciones y procedimientos policiales para manifestaciones que implicaran cortes de calle, medida que había sido cuestionada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos mediante una acción de amparo, consignó la agencia Mundo Gremial.
La CGT, liderada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, calificó el fallo como «sensato», argumentando que el Ministerio de Seguridad se arrogaba atribuciones en materia penal y procesal que exceden las competencias del Poder Ejecutivo.
Al respecto, el comunicado expone: «Este fallo no es uno más sino que hace caer una herramienta de criminalización de la protesta como lo era el protocolo instaurado por este Gobierno Nacional».
Además, la central sindical reafirmó su compromiso con la defensa de la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores.
«Esta CGT bregará por la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales por parte de los trabajadores y trabajadoras, y no dudará a la hora de dar esta batalla en la calle, en la Justicia o en el ámbito legislativo», enfatizó la nota de la central obrera.
El fracaso del protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes, implementado durante la gestión de Patricia Bullrich, había generado fuerte rechazo en sectores sindicales y sociales por considerar que limitaba el derecho a la protesta. La suspensión judicial representa un revés significativo para la política de seguridad del gobierno en materia de orden público.
Fuentes sindicales indicaron que esta victoria judicial fortalece la posición de la CGT en su oposición a medidas que perciben como restrictivas de las libertades democráticas, y anticiparon que continuarán impulsando acciones similares en distintos ámbitos.