El reparto de partidas presupuestarias para 2026 no contempla los fondos para la Ley de Emergencia en Discapacidad
Esta situación no derivaría estrictamente de algo decidido por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, sino que responde a que el Congreso introdujo incrementos de gastos pero no efectuó los cambios correspondientes en el Presupuesto 2026, que terminó sancionado tal como lo mandó el Poder Ejecutivo.
Un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (Asap) señaló que las reasignaciones presupuestarias que llevó a cabo el jefe de Gabinete Manuel Adorni esta semana no contemplan los fondos de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
«La Decisión Administrativa N° 1/2026 no introduce modificaciones en los montos totales de gastos, recursos ni en el resultado financiero, así como tampoco en las fuentes y aplicaciones financieras aprobada por la Ley N° 27.798», apuntó el documento de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asap.
Esta situación no derivaría estrictamente de algo decidido por Adorni, sino que responde a que el Congreso introdujo incrementos de gastos pero no efectuó los cambios correspondientes en el Presupuesto 2026, que terminó sancionado tal como lo mandó el Poder Ejecutivo.
«Este Presupuesto fue sancionado sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas en el Proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre, aún cuando durante el tratamient legislativo se realizaron cambios que implican nuevos gastos», indicó.
«En este marco -continuó-, el financiamiento de estas políticas podría quedar sujeto a eventuales adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio, en particular para dar cumplimiento a su artículo 1°, que establece que el Presupuesto deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario».
El trabajo de la Asap resalta que, si bien el Congreso incorporó nuevos gastos para el ejercicio 2026, que según el portal Ámbito Financiero son equivalentes al 0,56% del PBI, no se les asignó ninguna partida específica.
Cabe recordar que el proyecto original de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo contemplaba, en su capítulo 11, la derogación de las leyes de emergencia en el sector de Discapacidad y en el financiamiento universitario. Eso sí pudo frenarse en el Congreso, pero las partidas destinadas a dichos fines no fueron especificadas.
Otro punto a tener presente es que un juez ordenó recientemente al Gobierno disponer de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la ley que sancionó -y ratificó- el Congreso en materia de discapacidad, pero el Poder Ejecutivo continúa negándose a cumplirla. El argumento de la Casa Rosada es que dicho proyecto no especifica las fuentes de financiamiento, pero el jefe de Gabinete podría disponer de un reordenamiento de partidas si así lo quisiese.
La administración libertaria se muestra abierta a asumir el incremento de ciertos desafíos presupuestarios, como los provenientes de rebajas impositivas que benefician a empresas, pero no a enfrentar otros gastos no proyectados dentro de su política.
Vale apuntar que el Presupuesto 2026 se elaboró bajo la estimación de que el PBI crecerá 5% y que la inflación anual terminará en 10,1%, números que no son convalidados por ninguna proyección privada.
Es decir, los reacomodos presupuestarios van a ser una herramienta a mano para poder corregir aquello que seguramente se salga de lo proyectado. La asignación de fondos al cumplimiento de las leyes dependería, en ese punto, nuevamente de una decisión política del oficialismo.
Informe sobre partidas presupuestarias para discapacidad y universidades by Conclusión TV