Personas con discapacidad protestaron en Rosario: “Incumplen con una ley que garantiza calidad de vida”

Personas con discapacidad, como así también transportistas e instituciones que trabajan con el sector, protestaron durante la mañana de este jueves en el centro rosarino para exigir que se implemente la Ley de Emergencia. La normativa fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado, pero desde Casa Rosada se niegan a ponerla en funcionamiento dado que afectaría el tan defendido equilibrio fiscal.

A las 10.30 los manifestantes concentraron en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en Laprida y Buenos Aires de Santa Fe. La Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes) realizó un “cese involuntario del servicio”. De la protesta también participaron representantes de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis).

Tanto profesionales como transportistas alertaron que desde octubre, cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) pasó a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud, no cobran las prestaciones. Además de pedir que se implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, también exigieron que se reanuden de forma urgente los pagos de Incluir Salud y el Pami.

En diálogo con Conclusión, el titular de Atraes, Pablo Bolego, apuntó: “Nos estamos manifestando transportistas de personas con discapacidad, terapeutas independientes e instituciones que no pueden abrir sus puertas. Después del derrotero del año pasado, donde trabajamos fuertemente a nivel legislativo para conseguir una Ley de Emergencia en Discapacidad que garantice la accesibilidad de las personas a todos los servicios, nos encontramos con un Gobierno que decide no cumplirla”.

“Una vez más le estamos reclamando al Gobierno nacional el cumplimiento de la normativa y vamos a estar de alguna manera interpelando a actores sociales y políticos para que nos acompañen en el reclamo. Lo hicimos con la Municipalidad y el Concejo de Rosario, con el arzobispo y también lo vamos a hacer con el gobernador de la provincia de Santa Fe, que si bien no tiene una injerencia clara con esta Ley de Emergencia, le estamos pidiendo por favor que colabore”, añadió Bolego.

En cuanto al historial legislativo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el titular de Atraes recordó: “Se aprobó, pero el presidente la vetó. Sin embargo, logramos revertir ese veto con el apoyo amplio del Congreso, pero hoy sabemos que el Gobierno no quiere cumplirla y que en esta oportunidad cuenta con un Poder Legislativo mucho más afín a sus políticas. Creemos que esto ya excede la cuestión del déficit fiscal y todo lo que se planteó oportunamente. Hay una decisión clara, ideológica y política de no cumplir con una ley que le garantiza a las personas con discapacidad calidad de vida”.

A su turno, el vicepresidente de Apridis, Luciano Urrutia, manifestó a este medio: “Aquí lo que se pierde es completamente irreversible e irrecuperable. Este es un servicio que no puede importarse desde ningún lugar del mundo y el Estado no está en condiciones de brindarlo. Si la Ley Nº 24.901 y todas las prestaciones y servicio que contempla se caen, las personas con discapacidad van a estar condenadas a quedarse en casa. Siempre habrá un grupo mínimo que podrá hacerlo a través de sus propios recursos, pero el grueso va a quedar completamente sin ningún tipo de atención, esto implica un retraso de cuarenta años”.

“Hoy nos acompañan muchísimos colegios profesionales, también sindicatos que entienden que muchos de sus afiliados o tienen discapacidad o tienen familiares con discapacidad. Esto es una causa de todos, no es algo de un sector particular. En términos etarios, afecta desde la primera infancia hasta a adultos mayores. Podríamos decir que el 10% de la población de la provincia de Santa Fe es beneficiaria de estas prestaciones, según lo que arroja el último censo nacional”, cerró Urrutia.