La Bancaria convoca a un paro para el lunes 27 y anticipa que tendrá impacto en el sistema financiero
El gremio que lidera Sergio Palazzo anunció una medida de fuerza que afectará especialmente las operaciones en efectivo. La protesta se vincula a posibles despidos en el ámbito del Banco Central de la República Argentina.
- Gremiales
- Abr 23, 2026
La Asociación Bancaria (AB) confirmó un paro nacional para el lunes 27 de abril, en una jornada que se anticipa con complicaciones para el funcionamiento habitual de bancos y entidades financieras en todo el país.
La medida impactará de manera directa en las 21 sedes del Banco Central de la República Argentina, lo que podría generar dificultades en el manejo de efectivo.
En ese escenario, las entidades verían limitada su capacidad para realizar depósitos y retiros de dinero, afectando tanto a clientes como a operaciones internas del sistema.
El conflicto se origina en la preocupación del gremio por unos 32 posibles despidos en dependencias del Banco Central, en el marco de las políticas de reorganización del Estado impulsadas por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger.
Desde el sindicato advirtieron que la situación podría escalar si se profundiza el ajuste en organismos públicos vinculados al sistema financiero, como el propio BCRA o el Banco de la Nación Argentina.
En paralelo, el paro se inscribe en un contexto más amplio de conflictividad laboral, con distintos gremios estatales, entre ellos Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que vienen llevando adelante medidas de fuerza en rechazo a despidos y recortes.
Pese al conflicto, el sector bancario se mantiene entre los mejor posicionados en materia salarial. En marzo, el gremio acordó una actualización del 3,4 %, lo que llevó el salario mínimo por encima de los 2,2 millones de pesos, además de un bono por el Día del Bancario ajustado por inflación.
Sin embargo, el eje del reclamo actual no pasa por los ingresos, sino por la estabilidad laboral. En ese marco, la jornada del lunes aparece como un nuevo punto de tensión dentro de un escenario donde los conflictos en el sector público comienzan a acumularse y proyectan posibles efectos sobre servicios clave.

