DOMINGO, 19 DE JUL.

Capitanich habló del rechazo al pliego de Carlos Mahiques, la reforma judicial y el destino de Manuel Adorni

El senador nacional de Chaco, Jorge Capitanich, reiteró sus criticas a las prioridades presupuestarias que el Gobierno hace del presupuesto, cargó contra la designación del juez Carlos Mahiques y apuntó sobre la responsabilidad institucional de Javier Milei para sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Ministros.

El senador de Chaco, Jorge Capitanich opinó sobre el presupuesto universitario y la repercusión de la marcha de la comunidad universitaria, porque no se convalidó el pliego de Carlos Mahiques para que continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, la necesidad de una reforma judicial, y subrayó cual es la atribución del presidente para apartar a Manuel Adorni de su cargo en la Jefatura de Gabinete.

En relación a la reiterada actitud del Ejecutivo Nacional de gestionar la crisis que generó con la comunidad universitaria,  Capitanich evaluó que «representa un problema serio que después de cinco veces que se ratificó por la Constitución de la Nación, que es un mecanismo de financiamiento, hay una reducción de 2,5 billones de pesos contemplados en el presupuesto público y a su vez algunos datos que son que no pueden ser cumplidos».

Capitanicjh indicó que «diez mil docente han dejado el ejercicio de su actividad porque no les alcanza el salario. El nivel de deterioro, depende de cómo se lo mida, pero son aproximadamente 34% en términos reales.Hay ajuste de partidas, por lo menos para infraestructuras, cercano al 70%. Y además, un ajuste en términos globales de casi 44% de las partidas presupuestarias para el sistema universitario».

En la misma línea, el legislador sintetizó que el sistema universitario «llegó en los últimos 25 años al máximo de casi 1,1% de participación del PIB a cerca de 0,43% actualmente. Entonces hay una caída en participación del PIB, hay una caída efectiva en materia de asignación de recursos para la infraestructura y hay una caída y un deterioro significativo del salario real y los gastos de funcionamiento operativo del sistema universitario».

«No cabe la menor duda que es necesario tener un debate respecto a los alcances del sistema universitario, la planificación para el desarrollo educativo y productivo del país, pero esto no se hace de esta manera», sentenció el congresista.

Respecto de la aprobación del pliego del juez Carlos Mahiques, para que continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, explicó que desde su espacio político se tiene «una visión negativa, del funcionamiento del sistema judicial» y enumeró cuatro factores, «entendemos que cuando el doctor Horacio Rosatti se hace cargo de la presidencia de la presidencia del Consejo de Magistratura a través de un procedimiento criticable. Primero, la declaración de la inconstitucionalidad de la ley vigente. Después, del plazo de 120 y a su vez, la restitución de una ley derogada, que asume la presidencia para administrar tres cuestiones: la selección de jueces. Segundo, el sistema disciplinario. Y tercero, la administración global del presupuesto».

Capitanich, consideró que estas situaciones son «absolutamente incompatible con la transparencia del funcionamiento del Poder Judicial», y agregó que la Corte Suprema de Justicia que en el año 2016 propone dos miembros, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, en comisiones. Primero, ellos no pueden avalar ese procedimiento. Y segundo, el Senado tampoco debería haber avalado el procedimiento anterior. El mismo procedimiento aplicó Milei y eso no es compatible con la vigencia del sistema republicano y de división de poderes».

La tercera causal para el chaqueño, «no se puede permitir que en la República Argentina existan tres miembros de cinco porque hay presión corporativa, presión política y definitivamente inseguridad jurídica. la cuarta razón Cuarto, en el Ministerio Público Fiscal, en un sistema acusatorio, la titularidad de la acción penal le corresponde al fiscal. El jefe de los fiscales, que es el Procurador General tiene que ser elegido por el Senado por la mayoría calificada correspondiente. La verdad es que hace nueve años esto funciona de forma interina».

También señaló  que hay un problema central » que el Defensor del Pueblo, hace 17 años que no es elegido por la mayoría requerida por el Congreso en virtud del artículo 86 de la Constitución. Entonces, lo que yo digo en este contexto no hay seguridad jurídica». En este contexto, en definitiva, hay cercenamiento efectivo de derechos y no hay garantías constitucionales efectivas. La verdad es que no se puede seguir mandando pliegos sin una reforma estructural del sistema».

Para Capitanich, «no se puede plantear esto como una imposición de mayorías. Tiene que ser en defensa del funcionamiento efectivo de la democracia y el sistema republicano».

Respecto de la renuncia de Manuel Adorni, el parlamentario afirmó que «es absolutamente inadmisible que una persona como él pueda ejercer ese cargo».

En relación a la postura del gobierno en campaña de condenar actos de corrupción y la política de la doble vara. Capitanich, precisó que «hay una multiplicidad de cuestiones. Primero, la denuncia se especifica por 850.000 dólares que es de dudosa justificación. Segundo, una prórroga respecto a la presentación de las declaraciones curadas. Tercero, manifestaciones públicas pero no acreditaciones que asienten documentación repaldatoria. La verdad es que eso no puede formar parte  de la opacidad en los procedimientos».

En cuanto a la posibilidad de interpelar a Manuel Adorni en el Senado, referenció que «la Cámara de Diputados estará tratando de vertebrar una sesión especial. Tenés tres opciones de justicia constitucional en virtud de por un lado, las atribuciones constitucionales del presidente para la solicitud de renuncia, la facultad para designar ministro, artículo 99. La moción de censura, artículo 101. Y juicio político».

Por último, Jorge Capitanich señaló que «en cualquiera de las circunstancias, y sobre todo moción de censura, hay interpretación normativa respecto a que efectivamente no nos puede ocurrir. Entonces, me parece que es un tema que en cualquiera de las tres circunstancias la más operativa es la que tiene la responsabilidad el presidente como en el ejercicio del artículo 99 de la Constitución, de apartarlo».

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