El Gobierno nacional impulsa la eliminación de los octógonos negros y crece la polémica por el impacto en la salud
El Ejecutivo presentó un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal y argumentó que la normativa genera trabas regulatorias y comerciales. Sin embargo, científicos y especialistas advirtieron sobre posibles consecuencias negativas para la alimentación y la salud pública.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, conocida por implementar los octógonos negros en envases de alimentos y bebidas ultraprocesadas. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, despertó una fuerte reacción de organizaciones científicas y académicas, que advirtieron sobre posibles consecuencias negativas para la salud pública.
La propuesta oficial busca eliminar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable con el argumento de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa dentro del Mercosur. Según sostiene el texto enviado al Congreso, las actuales exigencias afectarían la competitividad de la industria alimenticia argentina y generarían dificultades para las exportaciones.
En ese marco, uno de los principales cambios sería la eliminación de los octógonos negros que advierten sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en productos industrializados. Sin embargo, la derogación también implicaría dejar sin efecto otras regulaciones incorporadas por la ley vigente, como las restricciones a la publicidad dirigida a niños y adolescentes, la prohibición del uso de personajes infantiles en productos poco saludables y las normas sobre entornos escolares saludables.
Por otro lado, desde el Gobierno remarcan la necesidad de adaptar la normativa argentina a los criterios regionales del Mercosur. No obstante, especialistas señalan que los productos exportados igualmente deben cumplir con las regulaciones específicas del país de destino para poder comercializarse.
Además, la Ley de Etiquetado Frontal había sido cuestionada desde su implementación por sectores de la industria alimenticia y cámaras empresariales como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que sostienen que la norma no logró mejorar significativamente los indicadores sanitarios y, al mismo tiempo, generó costos adicionales y efectos negativos sobre la actividad comercial.
Sin embargo, la iniciativa oficial recibió una respuesta inmediata de unas 300 organizaciones científicas, sanitarias y académicas, que difundieron un documento conjunto en rechazo al proyecto. Allí advirtieron que eliminar el sistema de etiquetado implicaría “quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas sobre su alimentación”.
En ese sentido, los especialistas alertaron que la derogación no solo eliminaría los sellos de advertencia visibles en los envases, sino también todo el esquema de protección asociado a la alimentación saludable.
Según datos citados por esas organizaciones, antes de la implementación de la ley apenas el 13% de la población podía interpretar correctamente la información nutricional tradicional ubicada en la parte trasera de los envases, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019.
Asimismo, señalaron que diversos estudios elaborados por el Ministerio de Salud, Unicef y FIC Argentina demostraron efectos positivos tras la aplicación del etiquetado frontal. Entre los datos difundidos, sostuvieron que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables.
Además, más de la mitad de los consumidores aseguró haber modificado sus hábitos de compra en categorías como bebidas azucaradas, yogures y galletitas luego de la aparición de los octógonos negros.
Otro de los estudios mencionados indicó que el etiquetado frontal ayudó a reducir la percepción errónea de que ciertos productos ultraprocesados eran saludables, especialmente en casos como cereales de desayuno, jugos industrializados y yogures.
Con respecto al argumento oficial vinculado al Mercosur, los expertos remarcaron que varios países del bloque ya aplican o debaten regulaciones similares e incluso más estrictas, por lo que consideran que eliminar la ley argentina no garantizaría una ventaja comercial significativa