Denuncian al ICE de generar terror en Minnesota con detenciones arbitrarias y abusos contra los Derechos Humanos
La organización Human Rights Watch aseguró que el operativo migratorio impulsado por la administración de Donald Trump derivó en detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y prácticas de discriminación racial. Más de 4.000 inmigrantes fueron arrestados, la mayoría sin antecedentes penales.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el despliegue masivo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota provocó una grave crisis de derechos humanos. Según un informe difundido este jueves, la denominada “Operación Metro Surge”, desarrollada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, estuvo marcada por detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y prácticas discriminatorias contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.
El informe, titulado “Una crisis fabricada: comunidades de Minnesota aterrorizadas por el Gobierno federal”, documenta los efectos de la operación llevada adelante por la administración de Donald Trump en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul. Dsegún el HRW, las tácticas empleadas por los agentes federales se enmarcan en un patrón más amplio de operativos migratorios masivos con presuntas violaciones a los derechos fundamentales.
Mientras se juega el Mundial en EEUU, la Gestapo de Trump, el ICE, gasea en la cara a civiles por protestar contra el secuestro de inmigrantes y la represión contra el pueblo estadounidense que lucha por evitarlo.
— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 18, 2026
El Mundial de la verguenza, si esto ocurriese en Cuba u otro pais… pic.twitter.com/yBnKeOBhl6
La investigación se basó en más de 130 entrevistas realizadas a inmigrantes, abogados, activistas, profesionales de la salud y defensores de derechos humanos. Entre sus principales conclusiones, señala que alrededor de 4.000 inmigrantes fueron detenidos durante el operativo y que más del 75% de ellos no tenía antecedentes penales en Estados Unidos.
La organización también denunció episodios de violencia por parte de los agentes. Según el informe, durante la operación murieron los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, mientras que otros residentes fueron amenazados con armas de fuego sin justificación. Además, se registraron denuncias por rotura de vehículos, agresiones físicas contra personas que no ofrecían resistencia y el uso de granadas aturdidoras y otros dispositivos de control de multitudes durante protestas.
HRW sostuvo además que existió una práctica sistemática de discriminación racial. El informe afirma que numerosos ciudadanos e inmigrantes fueron detenidos o interrogados por su apariencia física o por su origen étnico, y que más de 500 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados durante manifestaciones vinculadas al operativo.
???? Earlier today, protesters swarmed the Warren E. Burger Federal Courthouse in St. Paul after 15 Minnesotans were indicted for allegedly conspiring to impede or injure federal officers and violently oppose immigration enforcement.
— Stu Smith (@thestustustudio) June 16, 2026
I am very pro-police getting involved here. You… pic.twitter.com/JqxUwXcGwM
“Ciudadanos no blancos entrevistados por HRW dijeron que tenían tanto temor a la discriminación racial que comenzaron a llevar sus pasaportes a todas partes”, indicó la organización en sus conclusiones.
La intervención federal también tuvo un fuerte impacto social. Según el informe, varias clínicas médicas registraron caídas de hasta el 50% en la asistencia de pacientes, incluso en casos de atención urgente. Asimismo, miles de estudiantes dejaron de asistir a clases presenciales y numerosos trabajadores evitaron desplazarse por temor a ser detenidos, lo que derivó en pérdidas de empleo y dificultades económicas.
Ante este panorama, Human Rights Watch reclamó una reforma profunda del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La organización pidió fortalecer los mecanismos de supervisión, aumentar la transparencia de los operativos migratorios y garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los funcionarios involucrados en presuntos abusos.