La protesta busca denunciar condiciones de reclusión precarias y la exclusión de varios internos, incluido Gallo, de la reciente legislación de amnistía impulsada por el gobierno chavista.
El pedido se produjo luego de una reunión de urgencia del organismo, en un contexto marcado por la intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño y la detención de Nicolás Maduro.
«Nosotros a partir del mes de julio comenzamos a sistematizar actas de personas que estaban siendo demoradas. Allí nos encontramos con un número muy importante de personas que habían sido demoradas por no contar con el documento nacional de identidad», sostuvo el Defensor Regional de Rosario Martín Riccardi.
Desde el inicio de la cuarentena se registraron innumerables casos de violencia institucional hacia ciudadanos que si bien no estaban exceptuados de sus trabajos, realizaban actividades en cercanía de sus domicilios que están permitidas y por la cual no es necesario presentar el certificado de circulación.
«Hay compañeros que están presos y deberían estar caminando, no debemos perder un segundo discutiendo si son presos políticos o detenciones arbitrarias», indicó.
