Crisis habitacional en Rosario: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”

La Oficina Municipal del Consumidor de Rosario alertó que en el último tiempo “creció la mora en el pago de alquileres y expensas”. La jefa del organismo, Nadia Amalevi, reconoció que el contexto que atraviesa el país es “bastante complejo” para los inquilinos, al tiempo que cuestionó el “desalojo exprés” que aprobó el Senado de la Nación días atrás y explicó la letra chica de esta normativa.

En diálogo con Conclusión, Amalevi manifestó que los problemas que afrontan los rosarinos en materia de vivienda son “diversos”. Si bien lo que prima es la falta de pago de alquileres y servicios, la situación también afectó a quienes son dueños de un inmueble: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”.

Por otro lado, llevó tranquilidad a los inquilinos y aclaró que el proyecto de “desalojo exprés” tiene media sanción en el Senado, pero aún no fue tratado por la Cámara de Diputados, por lo que “no está vigente y no se aplica”. En este sentido, se mostró crítica con la propuesta: “Me preocupa que prácticamente se equipara a una persona que usurpa un inmueble con un inquilino que hoy está pasando un mal momento porque se quedó sin laburo o le aumentó el alquiler. Las personas cada vez tienen más dificultades para pagar su gastos corrientes y se endeudan para llegar a fin de mes, por eso esto me parece un despropósito y espero que se reviese esta situación”.

Asimismo, explicó en qué consiste este proyecto: “Se buscan acortar los plazos. Uno recibe una intimación de diez días corridos y después comienza un juicio, pero la orden de desalojo tiene que estar fundada. Lo que cambia es que en el medio del proceso el propietario puede pedir el desalojo con una figura que es la caución juratoria, que es como una declaración jurada que tiene que estar fundada en donde se hace cargo si después el juicio no sale a su favor. En caso de que haya personas vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o menores, tiene que intervenir algún organismo del Estado”.

“El pedido de desalojo en el medio del proceso –remarcó– tiene que estar fundado y el Estado tiene que intervenir para, provisoriamente, solucionar esta situación habitacional, que no implica que se puedan quedar en el inmueble, sino que tiene que la gente no puede quedar en la calle. Aún con este proyecto tiene que intermediar una orden judicial, no es que con una simple carta documento podemos desalojar”.

La titular de la Oficina del Consumidor de Rosario recomendó que los inquilinos conserven todo tipo de documento: “Hay que guardar todos los comprobantes de gastos en el inmueble, porque en el juicio, que teóricamente sería en tiempos más abreviados según lo que establece el proyecto, los jueces deben tener en cuenta esa documental. Es importante contar con contratos, voluntad de pagos, recibos y transferencias para asegurar pruebas”.

Amalevi hizo dos aclaraciones en este sentido: por un lado comentó que las personas que no tengan un contrato de alquiler pero que quizás establecieron algún acuerdo de palabra con el propietario –como pagar impuestos o realizar arreglos en el inmueble sin abonar una suma fija mensual– deben conservar todas las pruebas de estos gastos. Por otro, apuntó que en caso de que esta iniciativa se convierta en ley cada provincia deberá ver cómo la aplica en base a sus normas internas.

“En algún momento se dijo que el juicio de desalojo no se podría apelar. Si bien uno puede quedar afuera de inmueble, el proyecto de ley hoy no dice que no se puede apelar. El derecho de defensa incluso ante la falta de pago sigue existiendo”, cerró la ex concejala.

Una respuesta a los afectados por Bauen Pilay

La Oficina del Consumidor habilitó este lunes un registro voluntario para quienes suscribieron a planes de ahorro con Bauen Pilay, pero se vieron afectados por esta empresa que no cumplió con los plazos fijados para entregar las viviendas. Quienes estén interesados en sumarse al relevamiento pueden hacerlo de forma digital a través del WhatsApp 341-2176038 o de forma presencial en Córdoba al 852, donde el organismo funciona de lunes a viernes entre las 8.30 y las 16.

La documentación necesaria para ingresar al registro es el DNI, el contrato, comunicación o comprobante de la adjudicación (si correspondiese), comprobante del pago de la última cuota (independientemente de la fecha de realizada la misma), declaratoria de herederos o cesión de derechos (si correspondiese).

Al respecto, Amalevi recordó que los usuarios de Bauen Pilay se acercaron al Concejo Municipal de Rosario y tuvieron una audiencia con los ediles, tras la cual se votó una resolución que determinó que la Oficina del Consumidor constituya un registro voluntario de suscriptores de los planes que ofrecía la empresa.

“Hace más o menos un mes y medio presentamos el balance de gestión y detallamos los diferentes reclamos recibidos. De Bauen teníamos setenta, pero no todos con el mismo motivo, por el cual para nosotros no constituía, ni siquiera en el área de vivienda, el primer problema. Teníamos muchas más quejas en cuanto a moras de alquileres o inconvenientes de consorcio, ni hablar de estafas virtuales. Por eso nos juntamos con los vecinos afectados por la empresa y les propusimos iniciar un reclamos si ellos así lo solicitaban, pero prefirieron tener esta instancia”, enumeró la titular de la Oficina.

Y completó: “Con este registro voluntario buscamos hacer un seguimiento de los casos para ver cómo se puede avanzar en cuanto a un diagnóstico de la situación. Como oficina pública en un primer momento lo que pretendíamos era que ellos puedan hacerse de esta información. Los datos de quienes adhieran a este documento son absolutamente confidenciales, no va a ser información pública”.

Por último, desde la Oficina del Consumidor recordaron que “la inscripción en el registro no implica el inicio de un reclamo administrativo”. Quienes deseen presentar un reclamo formal deberán realizarlo de manera presencial en Córdoba al 852.