El oficialismo se empantana en el Congreso para dictaminar Inocencia Fiscal por Ganancias

La negociación para destrabar el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados se complicó en las últimas horas para el oficialismo, a raíz del antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos. Esta la principal dificultad para avanzar con acuerdos en comisiones.

En el marco del debate que impulsa el oficialismo, el plan es buscar dictamen este miércoles en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, desde las 11 en el anexo C de la Cámara baja, aunque el bloque de La Libertad Avanza reconoce resistencias por la habilitación de funcionarios en la letra de la ley.

La apertura del recinto está contemplada para el 19 de agosto en el mejor de los casos, pero en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la fecha del 26 de agosto, para tratar Inocencia Fiscal de manera conjunta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Durante la reunión informativa del plenario de comisiones, el Ministerio de Economía defendió los fundamentos del proyecto. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del Banco Central, Martín Vauthier, detallaron los aspectos técnicos y los alcances de la actualización, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y apunta a fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito formal, incorporando además los cambios del decreto reglamentario de la norma original.

Con críticas desde la oposición, el debate se centró en que la iniciativa alienta la evasión impositiva y funcionaría como un “blanqueo permanente” en favor de funcionarios públicos, que no quedarían excluidos del régimen. Tras ese cuestionamiento, Balestrini sostuvo que “esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada” y remarcó que los funcionarios públicos “seguirán estando obligados” a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. También indicó que la propuesta “no renuncia a la fiscalización” y que “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

Imirizaldu, por su parte, precisó que “no entran las sociedades” en el régimen simplificado y que, para incorporarse, las personas humanas deben cumplir la condición de residentes fiscales argentinos.

En tanto, Vauthier aportó datos sobre el stock de billetes en moneda extranjera fuera del sistema financiero (“bajo el colchón”), al estimar que asciende a “aproximadamente 170 mil millones de dólares” y que “probablemente eso sea un piso”. En esa línea, señaló que los depósitos privados en moneda extranjera en el sistema financiero son “un poco más de 40 mil millones de dólares”, y sostuvo que el stock de billetes fuera del sistema equivale a “cuatro y cinco veces” esos depósitos.

En el final del encuentro, la discusión volvió al antecedente que dejó el caso Adorni: el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaron días antes de su salida del cargo su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la ARCA, en el marco de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.