La Justicia hizo lugar a la cautelar de ex combatientes y suspendió el proyecto petrolero Sean Lion en Malvinas
La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de avanzar con obras vinculadas al emprendimiento hidrocarburífero.
La Justicia Federal de Río Grande hizo lugar a una cautelar pedida por ex combatientes y una organización ambiental para que se suspenda el proyecto petrolero Sea Lion en la zona de las Islas Malvinas.
La jueza Mariel Borruto ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de avanzar con obras vinculadas al emprendimiento hidrocarburífero.
El martes, el gobierno de Reino Unido ya había advertido que, según su posición, ninguno de los poderes del Estado argentino tienen jurisdicción sobre la zona de las Islas Malvinas.
«El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas», sostuvo el comunicado, que llevó el título «Hacer negocios con las Islas Malvinas» y que fue publicado en el sitio oficial del Gobierno.
La resolución de Borruto fue dictada en el marco de una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
El proyecto Sea Lion, denominado «León Marino» en la presentación judicial, está previsto en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaban con el emprendimiento sin haber realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la legislación nacional.
La jueza ordenó a las empresas, «en cuanto de ellas dependa», abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar actos materiales relacionados con el proyecto. La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de fondeo, además de las unidades flotantes destinadas a la producción y almacenamiento de hidrocarburos.
La medida se mantendrá hasta que se tramite ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente y se adopte la decisión correspondiente, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.